Cuanto mayor sea la formación, mejores expectativas laborales, o eso pronostican las autoridades universitarias que llevan formando a jóvenes estudiantes durante varios años. Sin embargo, los estudios de postgrado o máster, han destacado siempre por abarcar un campo de especialización mayor que el que aporta un estudio universitario de grado.
En todos los sentidos, la formación académica enriquece. Tanto las formaciones profesionales de grado medio o superior como en cualquier tipo de estudios universitarios. Aunque en estos últimos, y concretamente los estudios de postgrado suponen un desembolso económico considerablemente abusivo. Si bien es cierto, que se trata de una formación específica y oficial, no es compatible con la cuantía de pago que hay que realizar si no encontramos ante un centro de estudios oficial y de titularidad pública.
En España el cambio sustancial que ha provocado la inflación de los precios públicos vino con la aprobación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Este real decreto es aprobado mediante la política de recortes en Educación establecidas por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
Principalmente, entre muchas otras novedades, esta norma permitía a las Comunidades Autónomas fijar los precios públicos de las matrículas dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, en función del coste real. En otras palabras, este hecho establecía una aproximación gradual de las cuantías que reflejaban los precios públicos por la prestación del servicio. Generando así un funcionamiento empresarial trasladado a las universidades públicas y provocando así, la desnaturalización del servicio público al que se deben las universidades, ya que se gasta conforme se ingresa en lo que se refiere a las aportaciones de los estudiantes.
Otra de las novedades que incorporaba la reforma de Wert, afectó primordialmente a los estudiantes extranjeros sin poder adquisitivo, ya que obligaba a estos a cubrir con el 100% de los costes de las enseñanzas de Grado y Máster cuando se tratase de estudiantes extranjeros mayores de 18 años y que no tuviesen la condición de residentes.
Asimismo, esta política provoca que España se sitúe a la cola en cuanto a precio públicos aplicados al coste de estudios universitarios se refiere. Por ejemplo, matricularse en cualquier titulación universitaria en países como Alemania, Grecia, Finlandia, Noruega o Suecia es gratuito, mientras que en España la misma matriculación supone un gasto medio de unos 1.124€ por alumno.
Sin embargo, este panorama pretende cambiar con las nuevas reformas implementadas por el actual gobierno de Pedro Sánchez, aunque habrá que esperar hasta el curso 2022-2023 para observar algunos cambios. Es por ello que, la reflexión que necesita el panorama universitario español es de formalizar una pregunta fundamental: ¿es nuestra educación realmente pública o se trata de la menos cara?