La presidenta de la Asociación Vida de mujeres viudas y madres de hijas e hijos huérfanos, Silvia Oñate, la cual encabeza un movimiento por la reivindicación para que, a través de una modificación del artículo 221 de la Ley de Seguridad Social, aprobada en 2007, el Gobierno de España revise una regulación de la pensión de viuda en los casos de parejas que no estén unidos por el vínculo matrimonial.
Esta ha asegurado que va a comenzar una huelga de hambre "durante el tiempo en el que se mantengan las negociaciones", para que estas lleguen a buen puerto y se aprueben los presupuestos del Estado, según ha informado la propia Oñate. El motivo de esta huelga de hambre es que, el PSOE ha decidido no modificar dicho artículo mediante la Ley de Presupuestos para el próximo año 2021, cuestión que solo está al alcance si se aprueba la enmienda registrada en ese sentido por parte de Más País en el Congreso de los Diputados.
"Así se pondría fin de facto a la discriminación vigente, tal como se ha comprometido en el programa electoral del PSOE y en el pacto de gobierno con Unidas Podemos. La discriminación está reconocida en el Congreso en 2009 por todos los grupos políticos y en el Senado en 2020 por todos los grupos políticos", matiza Oñate. "Si el Gobierno no actúa con la debida diligencia, estaría siendo cómplice de esta discriminación al mantenerla vigente y generando una clara violencia institucional contra muchas familias y menores", zanja Oñate. "En la Disposición Adicional 35 de los Presupuestos que ha presentado el Gobierno se modifica la Ley de Seguridad Social. ¿Qué le impide al Gobierno modificar también el artículo 221 vía la Ley de Presupuestos? Falta de diligencia debida para corregir esta discriminación", señalan desde La Asociación Vida, de la cual Oñate es presidenta.
En efecto, el asunto está incluido en el pacto de coalición de gobierno PSOE-Unidas Podemos, en concreto en el que hicieron público el 30 de diciembre de 2019 titulado "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España", donde los partidos que ahora gobiernan en España se comprometían a "la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de pareja sin vínculo matrimonial" (página 14). Asimismo, el Grupo Socialista registró este mes de marzo, justo ante de la declaración del estado de alarma, una proposición no de Ley sobre pensiones de viudedad de parejas de hecho para garantizar de forma más equitativa y eficiente su fin de protección. Hace apenas un mes, el Senado aprobó una moción del PSOE dirigida a garantizar la protección prevista en la Ley de Seguridad Social de 2007.
Buenos días! Qué las promesas pasen de ser una declaración a un hecho es fácil, solo hay que querer. En esto, es muy fácil y no supone menoscabo alguno. https://t.co/k7KHETHgMY
— Silvia Oñate Moya (@silviaonate) November 20, 2020
Cuando falleció la pareja de hecho de Oñate, ella cobraba más que él, y simplemente por eso se quedó sin pensión de viudedad. Desde que este periódico se hizo eco de su juicio en enero de 2019, Oñate mantiene una lucha que le ha llevado a la Euro-cámara el pasado mes de noviembre y que el Gobierno central empezaba a atender, al menos aportando cifras y datos relativos a la cuestión, confirmado con la reciente aprobación en el Senado con la unanimidad de todos los grupos, como ya se ha comentado.
Oñate ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que he enviado un escrito a la Delegación del Gobierno de Andalucía para concentrarse en sus puertas al objeto de que el Gobierno de España acepte la enmienda registrada por Más País. Aunque ha solicitado autorización para desplazarse desde su domicilio (en la localidad de Castilleja de Guzmán) a la Plaza de España y poder ejercer su derecho a concentrarse "hasta que esta reivindicación sea atendida vía la Ley de Presupuestos", de momento lo que ha conseguido es una reunión urgente a primera hora de la mañana de este viernes "para decirle que con esta discriminación reconocida y sostenida abocan a la pobreza a muchas familias".
"Nos va la vida en ello a muchas familias y el Gobierno lo sabe. No puede dilatar más la eliminación de esta discriminación. Puede actuar con la debida diligencia, es su responsabilidad", ha escrito Oñate en su perfil de Twitter.
Según la carta enviada a la Delegación, desde la Asociación Vida solicitan "la autorización que proceda para permanecer en la galería de la Torre Norte, junto a la puerta de la Delegación del Gobierno, con una tienda de campaña mientras duren las negociaciones de los presupuestos en el Congreso de los Diputados y poder atender desde allí a los medios de comunicación interesados en nuestra petición de solicitar al Gobierno de España a que proceda establecer la solución para estas familias de manera inmediata, sin dilaciones, corrigiendo esta situación vía la ley de presupuestos.
No hacerlo significaría prolongar y sostener de forma incomprensible esta discriminación que afecta la vida de miles de personas y se agrava en la situación actual de crisis derivada del Covid-19".
"El Pacto de Toledo, en sus recomendaciones, también asume la necesidad de corregir esta discriminación injustificada, desproporcionada y arbitraria, no sujeta a razonabilidad jurídica alguna", explica Oñate. "De 2009 a 2020 han pasado once largos años en los que nadie ha movido nada para corregir esta situación discriminatoria y que genera gravísimas consecuencias en familias con hijos a su cargo, feminización de la pobreza y consideración de huérfanos de segunda a los hijos e hijas condicionando su presente y su futuro. La necesidad de modificar esta situación también fue apoyada en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2019 por todos los partidos políticos españoles allí representados", explica la representante de Vida.
Según Oñate, la enmienda de Más País a los presupuestos "concitaría el apoyo de los grupos parlamentarios que se pronunciaron a favor en el Senado, así como los más de cien ayuntamientos en toda España que han aprobado mociones al respecto por unanimidad, al igual que la FAMP también por unanimidad y del apoyo expreso de los sindicatos mayoritarios y otros colectivos". "Llegados a este punto de consenso alcanzado por las fuerzas políticas y agentes sociales, no nos valen solo las declaraciones, necesitamos que este tema se solucione vía la ley de presupuestos y no que transcurran otros 11 años de ausencia de voluntad política, en los que seguiremos castigadas injustamente y de por vida miles de mujeres y nuestros huérfanos".
