A nadie escapa a estas alturas que la situación que estanos viviendo en relación con la COVID-19, es muy preocupante y que está limitando la vida que habitualmente hacíamos todos.
No obstante, como lamentablemente ocurre en muchas ocasiones, y en esta también, las personas con discapacidad intelectual vuelven a quedar en una posición de desventaja y vulneración de sus derechos.
Vaya por delante que nuestra Fundación están tan preocupada por la salud de las personas como cualquier otra institución y ciudadano y que mantenemos el máximo respeto por aquellas familias que entienden que es mejor que sus hijos permanezcan en casa en lugar de asistir a sus servicios (centros de día, centros de recursos, servicios de empleo, etc).
No obstante, no podemos estar de acuerdo con el cierre de los recursos dirigidos a las personas con discapacidad intelectual en base a unas tasas globales de contagios (70/100.000 habitantes) mientras el resto de la ciudadanía puede seguir haciendo su vida habitual (empleo, gimnasios, ocio, comercio, etc). Entendemos que, si esa tasa global de contagios permite a todas las personas seguir haciendo su vida, también debería ser así en el caso de las personas con discapacidad intelectual. No podemos olvidar que las personas con discapacidad intelectual realizan gran parte de su vida en relación con los servicios que desde entidades como Futuro Singular Córdoba se les presta. Por otra parte, prescindir de la prestación de estos servicios, en muchos casos, supone un impacto negativo en el desarrollo de las habilidades de las personas y en definitiva en su calidad de vida.
De la misma manera, supone un alto impacto para las familias, ya que se ven sometidas a una mayor carga de atención o en el caso de que las familiares tengan que trabajar, ven limitadas sus posibilidades o un sobrecoste económico por necesidades de cuidados añadidos.
Por todo lo anterior, desde nuestra Fundación solicitamos, una vez más, que los servicios destinados a personas con discapacidad intelectual, especialmente centros de día y centros ocupacionales, sigan funcionando con la misma normalidad que lo están haciendo los recursos para el resto de la ciudadanía y que las medidas a adoptar para el cierre de éstos se vinculen a los contagios que se puedan producir en los servicios y no a tasas globales.
Igualmente planteamos, reivindicación que arrastramos desde hace años, que haya una clara diferenciación entre la normativa y las medidas adoptadas para los servicios destinados a las personas mayores y para personas con discapacidad, ya que son realidades muy distintas y por tanto necesitan medidas diferentes.
Esperamos que a la mayor brevedad se tomen las medidas necesarias por parte de las administraciones para que los recursos destinados a prestar apoyos a las personas con discapacidad intelectual estén funcionando con normalidad lo antes posible.
