Ante la moción presentada al pleno por parte del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, en la que solicita al Gobierno que el Ayuntamiento de Córdoba gestione el Ingreso Mínimo Vital al estar más cercano a la ciudadanía, desde CTA queremos expresar lo siguiente:
Esta propuesta demuestra el profundo desconocimiento que tiene el equipo de gobierno del trabajo que se está desarrollando en las Zonas de Trabajo Social. Carga de trabajo que, ya era muy elevada con anterioridad y que desde que comenzó el Estado de Alarma se ha vuelto inabarcable. Imposible de asumir.
En tres meses los y las profesionales de las Zonas de Trabajo Social han gestionado más ayudas económicas que en los últimos dos años. A lo que se suma la tramitación de Renta Mínima de Inserción de carácter urgente, la tarjeta monedero, servicio de ayuda de ayuda a domicilio para casos urgentes, renovaciones de las ayudas de alquiler de Vimcorsa, derivaciones a bancos de alimentos, etc., recibiendo continuamente llamadas de la población desesperada por su situación. Los equipos profesionales están constantemente al teléfono recibiendo demandas ciudadanas.
Esta carga de trabajo supone que no es el momento de llevar a cabo un plan de transformación digital con una nueva sede electrónica. Es cierto que era una asignatura pendiente de este Ayuntamiento pero cree que es bastante complicada la situación en sí misma para poder introducir un registro telemático para el que ni la ciudadanía ni el propio personal está todavía preparado. Por ello, tras 5 años de retraso en su implantación, ¿no se debería haber esperado a que terminara el Estado de Alarma y la situación de colapso?
No se puede olvidar que la mayoría de la ciudadanía no cuenta con un certificado digital ni con conocimientos suficientes para realizar sus trámites administrativos desde una sede electrónica.
Si se observa la brecha digital que la población que suele acudir a los Servicios Sociales es mucho más acentuada y ahí entran de nuevo los y las profesionales de los Servicios Sociales, que ahora se convierten también en representantes a terceros. Es decir, que el trabajador/a se convierte en representante de esa parte de la ciudadanía que no tiene ni medios ni conocimientos telemáticos para realizar sus gestiones con el Ayuntamiento, y esto conlleva a que ese trabajador/a que actúe como representante a terceros tenga que estar gestionando todos los trámites administrativos del ciudadano que no lo sepa realizar desde la Sede Electrónica, desde la solicitud hasta el final de la tramitación.
En muchos barrios de Córdoba y de forma extrema en las barriadas desfavorecidas donde el nivel de analfabetismo es altísimo, esto supone atender a la inmensa la mayoría de la población, lo que resulta imposible de asumir con el personal con el que cuenta el Departamento de Servicios Sociales.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, ¿Cómo pretende este equipo de gobierno municipal que se asuma desde el Departamento de Servicios Sociales la gestión del Ingreso Mínimo Vital? ¿Cómo van a dar respuesta los y las profesionales de Servicios Sociales? Unos Servicios Sociales mermados, con un personal escaso y colapsado por el volumen de demandas, incapaces de dar respuesta.
Desde CTA consideramos que es fundamental que el Equipo de Gobierno Municipal aclare cuál es su postura con respecto a la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Si lo que plantean es la gestión directa o una colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Si consideran que el Ayuntamiento de Córdoba debe estar apoyando a la ciudadanía en la solicitud de esta ayuda, que lo doten de personal administrativo suficiente para hacer esta labor, que es de mera tramitación y no requiere de valoración ninguna por parte del personal de Servicios Sociales.
