El informe recoge que el enfermo mental cae con facilidad en la red del entramado judicial y penal, y más pronto o más tarde será detenido por una conducta inapropiada, según explica en una nota de prensa el Ayuntamiento de la ciudad.
Actualmente, las cifras de presos con discapacidad o trastorno mental en Córdoba son de 40 personas con enfermedad mental grave, 35 con trastornos mentales no graves y 37 con discapacidad psíquica.
Por ello, el informe considera necesario mejorar el espacio sociosanitario, en el que confluyen actuaciones por parte de los servicios sociales comunitarios, Faisem, servicios de orientación y apoyo al empleo y ONG, entre otros.
Timoteo ha trasladado al fiscal que su área está trabajando con la Delegación de la Consejería de Salud y Familias en Córdoba y el Hospital Universitario Reina Sofía en un nuevo protocolo para mejorar la respuesta sanitaria a las personas sin hogar, dado el alto porcentaje que hay entre ellas de enfermos mentales que no reciben ningún tipo de intervención o tratamiento, según tienen detectado los profesionales que las asisten diariamente.
El Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado al fiscal su "plena disposición a colaborar en todo cuanto redunde en la mejora de la atención que reciben las personas sin hogar", a través de los recursos de la Delegación de Servicios Sociales.