En solidaridad con las organizaciones sociales del país y los pueblos de Colombia, desde Córdoba Solidaria y sus entidades, junto a la Mesa por Colombia, DENUNCIAMOS y CONDENAMOS la decisión del gobierno de Iván Duque de desplegar las fuerzas armadas y militares para reprimir la protesta legítima de miles de ciudadanas y ciudadanos, que han venido dando seguimiento desde el pasado 28 de abril al Paro Nacional, reclamando condiciones de vida digna y protestando contra la puesta en marcha de reformas tributarias, sanitarias, de pensiones, entre otras que profundizan el hambre, la pobreza, la guerra y la desigualdad.
Hemos sido testigos de las brutales imágenes que han circulado a través de las redes sociales y en algunos medios de comunicación, que dan explícita cuenta de la violencia por parte de los efectivos policiales y militares en contra de la población. A través de la información difundida por distintas organizaciones del país, hemos conocido las cifras de la barbarie de los últimos días: se han reportado 940 casos de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 21 personas asesinadas, 672 detenciones arbitrarias, 30 casos de disparos de armas de fuego y 4 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública, entre otras acciones violentas (datos de la Plataforma GRITA de Temblores ONG).
Como organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y con una larga trayectoria de cooperación con Colombia, observamos con inmensa preocupación lo que está ocurriendo. EXIGIMOS:
1. La retirada del Ejército Nacional y el ESMAD de las calles. Que se detenga el tratamiento de guerra que se está dando a la legítima protesta social, un derecho básico en cualquier sistema democrático.
2. Que las instituciones colombianas atiendan sus deberes constitucionales y legales e investiguen y esclarezcan todos los hechos de violencia que se han sucedido desde el inicio del Paro Nacional, definiendo las responsabilidades que correspondan.
3. Que el gobierno de Colombia aplique justicia a los violaciones de derechos humanos cometidos por los miembros de la fuerza pública al pueblo Colombiano.
4. Que los organismos de control y la comunidad internacional actúen, alcen la voz ante la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento de derechos constitucionales que sostienen el Estado Social de Derecho, como el de la protesta.
5. Que las violencias cometidas contra las mujeres, por el hecho de serlo, incluida la violencia sexual, sea visibilizada, condenada y los culpables enjuiciados.
6. Que cese la persecución y acoso a las defensoras de derechos humanos, cuyo trabajo en fundamental para la supervivencia del estado de derecho.
