El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha expresado su preocupación ante la propuesta de implementar la teleconsulta en Atención Primaria por parte del Gobierno andaluz. En un comunicado, el sindicato señaló que esta iniciativa se anunció de manera confusa por la consejera de Salud, Catalina García, sin previa consulta a los representantes de los trabajadores, lo que ha generado incertidumbre entre los facultativos que deberán aplicarla.
El SMA plantea diversas interrogantes sobre la teleconsulta, como la inclusión de consultas por videollamadas en las agendas de Atención Primaria o su centralización en un centro de atención, así como la garantía de la protección de la imagen de los profesionales de la salud. Se destaca la preocupación de que la imagen de los médicos pueda ser difundida en redes sociales, lo cual se considera ilegal.
Además, el sindicato cuestiona la regulación que el SAS (Servicio Andaluz de Salud) aplicará a esta herramienta en Atención Primaria. El SMA ha estado solicitando una regulación que brinde garantías a médicos y pacientes en aspectos legales, éticos y clínicos durante muchos años.
En cuanto a la teleconsulta, se plantea la necesidad de resolver varios desafíos antes de su implementación. Esto incluye abordar la cobertura de la responsabilidad civil, asegurar que el acto médico cumpla con las normas éticas y definir criterios claros para determinar qué consultas pueden o no ser atendidas a través de esta modalidad.
El sindicato también se pregunta si los médicos estarán obligados a atender todas las consultas asignadas por teleconsulta, independientemente de su opinión sobre la necesidad de una consulta presencial. Se plantea la cuestión de si los médicos podrán negarse por objeción de conciencia cuando consideren que la teleconsulta no permite una evaluación adecuada del paciente.
El SMA no comparte la visión de que la teleconsulta sea la solución para la demora en las consultas presenciales y advierte que no resolverá el problema del déficit de médicos en Atención Primaria. Aunque reconoce el potencial de la teleconsulta para racionalizar las agendas de los facultativos, insiste en la necesidad de una regulación que garantice la seguridad tanto clínica como legal de médicos y pacientes.
