La asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se ha celebrado este año por primera vez de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus, se ha centrado en un llamamiento a los países para que la vacuna contra el COVID-19 se distribuya de forma equitativa cuando esté disponible y a un precio asequible. Un encuentro que se ha celebrado ante la amenaza de Estados Unidos de abandonar definitivamente la Organización por considerar que "ha fracasado" en su labor.
El director general de la Federación Internacional de la Industria Farmaceutica (Ifpma), Thomas Cueni, ha recordado que la industria farmacéutica se comprometió desde el inicio de la crisis sanitaria a garantizar el suministro de todos los medicamentos.
Así lo reafirmó la propia Federación al unirse como socio fundador a la alianza mundial liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y la producción de terapias y vacunas frente al coronavirus y garantizar que estos tratamientos sean asequibles y estén disponibles para todos de manera equitativa.
Cueni, ha señalado que poner en duda la propiedad industrial por el COVID-19 "crearía incertidumbre y enviaría un mensaje equivocado a las compañías farmacéuticas que se han arriesgado en grandes inversiones para reutilizar medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y ampliar la fabricación".
"La propiedad intelectual no es un obstáculo, sino una ayuda para terminar con el Covid-19", ha comentado en un artículo publicado en el diario económico 'Financial Times', en el que responde a algunos dirigentes internacionales, como el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha pedido que la hipotética vacuna sea un "bien público" al servicio de todos los ciudadanos del mundo.
Según la industria, la carrera científica para encontrar una vacuna, sin embargo, "no habría sido posible sin la existencia durante años de un marco regulatorio predecible, basado en las leyes de propiedad industrial y en la existencia de patentes a nivel mundial para proteger la innovación". "Las patentes, y la propiedad intelectual en general, son la razón principal por la que existe una base de innovación tan sólida desde la cual trabajar para encontrar soluciones", ha apuntado Cueni.
Para la industria farmacéutica, el conjunto de medidas de protección de la propiedad industrial ofrece garantías a las compañías que investigan y desarrollan nuevos medicamentos de que "si uno de sus fármacos innovadores es finalmente aprobado y llega a los pacientes, contará con un plazo temporal adecuado para tratar de recuperar la inversión realizada y generar recursos que puedan ser reinvertidos en nuevos proyectos de I+D biomédica".
"Esto es crítico en la investigación en medicamentos, por el alto coste en recursos y tiempo y el elevado riesgo que implica. Poner un fármaco a disposición de los pacientes necesita 10-12 años de trabajo y 2.500 millones de dólares, y apenas uno de cada 10.000 compuestos en investigación llegará al mercado un día".
"A ello se suma que solo tres de cada diez medicamentos comercializados llegan a recuperar la inversión realizada, merced a los citados altos costes, la fuerte competencia terapéutica y la progresiva especificidad de los tratamientos, cada vez más orientados a perfiles concretos de pacientes, entre otras cuestiones", concluyen.
