El gobierno de Aragón se ha llevado otro varapalo acerca de su gestión de la crisis de la covid-19. Esta vez, el magistrado de la magistrado del Juzgado de lo Social de Huesca, Eduardo Bernués, ha sentenciado que tanto el Servicio Aragonés de Salud (SAS) como el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y el Gobierno de Aragón tendrán que repartir material de protección individual (EPIs) a los sanitarios que están haciendo frente al coronavirus en los hospitales de la región.
Este material de protección se deberá entregar a todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Huesca. Es decir, a cualquier institución sanitaria de la provincia. Ello, relata el magistrado, permite así cumplir la legislación de prevención de riesgos laborales.
Esta sentencia, por lo tanto, da la razón a los sindicatos médicos, a la igual que la dictada el pasado 4 de junio por el Juzgado de lo Social de Teruel. Ello permitirá, aseguran los sindicatos, para evitar el contagio ante el posible crecimiento de los rebrotes en la Comunidad Autónoma.
La sentencia asegura que las pruebas que sustentan lo dictado se encuentra en los datos oficiales recogidos por las Administraciones públicas, y en mano de los sindicatos.
EL gobierno de Aragón decidió recurrir la sentencia dictada por la autoridad judicial de Teruel argumentando que se repartió el material sanitario que había disponible en ese momento. De momento, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Huesca no ha obtenido respuesta de la administración pública.
