viernes. 29.03.2024

Uno de los principales focos de fallecidos a causa del Covid-19 han sido las residencias de ancianos. Según las cifras oficiales, los usuarios de este tipo de centros que han fallecido con COVID-19 o síntomas similares se sitúan en 17.866

El Defensor del Pueblo ha alertado en su informe anual de 2019 de que las carencias del pasado en la gestión de las residencias de ancianos "se están dejando ver con una mayor intensidad" en la crisis del coronavirus, y por ello, urge a las comunidades autónomas pongan en marcha servicios de inspección "suficientemente dotados" para vigilar una atención de calidad en estos centros, que estén integrados por personal "correctamente" formado.

Es una de las conclusiones que incluye el informe anual de 2019 del Defensor del Pueblo entregado en el Congreso este miércoles, en un apartado sobre la atención a las personas mayores en centros residenciales, en la que destaca que la institución lleva tiempo alertando de las "carencias de medios y personal".

Por ello, señala que las autonomías deben crear o incrementar los servicios de inspección. El objetivo, explica, es vigilar de forma "eficaz" que los centros residenciales mantienen los requisitos normativos exigidos para su correcto funcionamiento y unos niveles "adecuados" de calidad en la prestación del servicio de atención a los mayores.

Apuesta, asimismo, por un modelo residencial que cuente con atención médica y de enfermería "más amplia y extensa". Para ello, se deben mejorar los mecanismos de recopilación de datos para contar con estadísticas "fiables y actualizadas" sobre los recursos de atención residencial disponibles, tanto en el ámbito de autonomías como en el estatal.

Asimismo, Insiste en que España carece de un número suficiente de plazas públicas y concertadas y apuesta por un "significativo" esfuerzo presupuestario para solucionarlo, al tiempo que también considera necesario aumentar el personal y la cualificación de éste para mejorar la calidad asistencial.

En el ámbito sanitario, el Defensor ha incidido en que los recortes del presupuesto en Sanidad aún no se han compensado, por lo que han aflorado problemas serios: listas de espera todavía demasiado largas y las urgencias con frecuencia se encuentran saturadas. Ello se ve intensificado en áreas rurales debido a la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria y de recursos sanitarios.

También ha destacado  que la crisis del coronavirus está alterando profundamente la vida en España, si bien ha precisado que destapa "con intensidad" la necesidad de renta mínima, y solicita un amplio acuerdo parlamentario para impulsar una renta mínima de inserción social que permita garantizar una mayor suficiencia de rentas a los hogares más castigados por la crisis.

El Defensor acompaña la memoria de su actividad en 2019 de un estudio monográfico sobre la contribución de la inmigración a la economía española en el que destaca el impacto "positivo" de esta, pues considera que es un "potente agente de transformación".

El Defensor del Pueblo exige residencias de mayores con atención médica y de enfermería...