Los recortes en la sanidad pública se dejan notar más y más en la vida –y en el bolsillo– de los consumidores. Una vecina de Los Barrios (Cádiz) recibió una liquidación de 83 euros por una mamografía que, cada dos años, llevaban practicándole de forma gratuita desde hacía 16 años. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pretendió justificarlo por su pertenencia a Muface, pero la intervención de FACUA Cádiz le ha hecho rectificar al haber ocultado a la usuaria que le cobrarían.
No se trata del único caso del que ha tenido conocimiento FACUA en Andalucía de beneficiarias de Muface a las que este año han cobrado tras realizarse su habitual mamografía periódica en el SAS.
"Yo llevaba haciéndome una mamografía cada dos años en la sanidad pública desde que cumplí 50, y nunca me habían cobrado nada". María L. E. fue invitada en 2006 a participar en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que lleva adelante el SAS.
Así, no percibió ninguna novedad en la notificación que recibió este 2022 para someterse a la ya regular prueba. Tampoco mientras se la practicaban, ni cuando recibió el resultado, afortunadamente negativo.
La sorpresa llegó cuando, unos días después, recibió en su buzón una factura por valor de 83 euros: "Me sentí bastante indignada", confiesa, "sobre todo porque no me dijeron nada, todo fue como el resto de las veces ¿Yo cómo iba a saber que me iban a cobrar ese dinero?". La justificación del SAS era que ahora debía pagar al estar ella adscrita a Muface,la mutualidad pública que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios civiles del Estado.
El SAS sigue citándolas
Sin embargo, el SAS sigue enviando citaciones para efectuar las pruebas a "las mujeres residentes en Andalucía entre 50 y 69 años, que cumplen criterios del cribado (...) sean de mutuas o no". "A las mujeres que pertenecen a mutuas se les ofrece el servicio tal y como a las demás, pero se les dice que consulten previamente con su mutua porque algunas tienen estos servicios y prefieren hacerlo sus compañías", ha respondido el SAS a una petición de información de FACUA Andalucía.
El organismo, que, recordemos, no hace ninguna mención al precio de las pruebas, esgrime la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece que "de acuerdo con las resoluciones por las que se publican los conciertos suscritos con las entidades de seguro, las Mutualidades tienen que financiar el coste de la asistencia vinculada a las prestaciones de salud pública en materia de prevención y promoción de la salud: vacunas del calendario oficial, cribados neonatales, screening para detección precoz de patologías oncológicas y otros, cuando son realizadas por los servicios públicos de salud".
En siete días tras la actuación de FACUA, el SAS recula
"Llamé al centro médico, al ambulatorio, y todos me decían lo mismo, que tenía que pagar. Entonces fue cuando acudimos a FACUA Cádiz". María, que es socia de la asociación de consumidores desde hace años, presentó el recurso de reposición que el equipo jurídico había redactado para ella.
Siete días más tarde recibía una nueva carta, firmada por el director económico del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar: el recurso había sido estimado y ya no tenía que pagar nada.
