|
|
|
|
El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación Provincial de Córdoba llevará al próximo Pleno ordinario, que se celebra mañana martes 22 de abril, una moción para exigir al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la puesta en marcha inmediata de un plan integral de rehabilitación y modernización del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Pozoblanco. La propuesta se plantea, según han explicado los populares, debido al “estado de abandono” que sufre este centro de titularidad estatal destinado a la atención integral de aquellas personas con discapacidad física que, al carecer de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir una integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas en régimen domiciliario.
El diputado Gabriel Duque ha denunciado que “la situación del CAMF es insostenible, con goteras, instalaciones cerradas, falta de personal y sistemas básicos como la calefacción o el agua que no funcionan correctamente”. “Es indignante que el único centro de este tipo que el Ministerio gestiona en el conjunto de Andalucía, y que es uno de los cinco que existen en España especializados en este tipo de casos de dependencia, esté olvidado por el Gobierno”, ha explicado.
Los populares critican en su moción que “desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia, el plan de inversiones que se había anunciado quedó en un cajón” y añaden que los tres ministros que se han sucedido en este periodo -Pablo Iglesias, Ione Belarra y Pablo Bustinduy- no han hecho nada. La moción insta al Ministerio de Derechos Sociales a actuar de forma inmediata y a mantener una comunicación fluida con los residentes, familias y personal del CAMF, además de apoyar al Ayuntamiento de Pozoblanco en el seguimiento de la situación.
El Grupo Popular también defenderá en el Pleno una moción en apoyo al sector veterinario y a los propietarios de animales de compañía, que se han visto perjudicados por la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, una normativa desarrollada por el Gobierno de la nación y que impone importantes trabas burocráticas al trabajo clínico diario de los veterinarios, especialmente en lo referente al uso de antibióticos.
El diputado popular Andrés Lorite ha advertido de que este decreto “obliga a los profesionales a registrar en un sistema informático (PRESVET) todos los antibióticos administrados, lo que supone una sobrecarga administrativa que resta tiempo y recursos a la atención directa de los animales. Además, impone sanciones desproporcionadas que generan un clima de temor en el ejercicio profesional”.
Además, el PP denuncia que este aumento de cargas y procedimientos está provocando un encarecimiento de los tratamientos, lo que pone en riesgo el bienestar animal y afecta a muchas familias que no pueden asumir los costes veterinarios. “Estamos viendo cómo esta situación puede disuadir a muchas personas de adoptar animales o incluso provocar el abandono por no poder hacer frente a las facturas”, ha señalado Martín. A esto se suma la reclamación histórica del sector veterinario para reducir el IVA aplicado a las clínicas veterinarias, que actualmente es del 21%, frente al 10% que se aplica, por ejemplo, a la ganadería. “Es incomprensible que el cuidado de una mascota tenga la misma carga fiscal que un artículo de lujo”, subraya el PP.
