A finales del pasado año, Enresa se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Hornachuelos para comunicarle la tramitación del borrador del 7º Plan General de Residuos Radiactivos para ser aprobado por el Gobierno. En el borrador se ha fijado la estrategia para la gestión de los residuos radiactivos que se generan en España así como la hoja de ruta del desmantelamiento de las centrales nucleares de España.
Asimismo se ha comunicado que en ese plan se señala las instalaciones de El Cabril como destino de esos residuos, lo que implicaría una ampliación de las instalaciones actuales, en caso de ser aprobado. Con esta ampliación quedarían cubiertas las necesidades de almacenamiento definitivas del país.
Posteriormente Enresa le ha solicitado al Ayuntamiento que le informe sobre el procedimiento que debe seguir, desde el punto de vista urbanístico, en el caso de que el gobierno apruebe finalmente el Plan General de Residuos y la empresa tuviese que ampliar sus instalaciones en nuestro municipio.
Por su lado, el Ayuntamiento ha informado a la empresa, que según marca la ley, el procedimiento que tendría que superar a nivel urbanístico sería el del “Plan Especial”, cuya tramitación está regulada por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En su última comunicación, Enresa ha informado al Ayuntamiento que el Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidas Podemos han presentado una enmienda a la Ley de Energía Nuclear. Esta enmienda incluía un apartado que defendía que al tratarse de obras públicas de interés general, la empresa no está sometida a ningún acto de control preventivo municipal.
De esta manera, el Ayuntamiento de Hornachuelos se ha opuesto a esta propuesta que según ellos, trata de excluir al Ayuntamiento de cualquier tipo de control preventivo municipal urbanístico sobre las obras de construcción y ampliación realizados por Enresa.
El Ayuntamiento ha denunciado que en este caso la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y además de verse liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras).
