Los servicios jurídicos de AUGC han asesorado y representado a un guardia civil destinado en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba (USECIC), obteniendo una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Peñarroya-Pueblonuevo mediante la que se condena a un vecino de dicha localidad como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones, por los que se le impone la pena de cuatro meses de prisión, así como a indemnizar al agente por los daños ocasionados y las lesiones sufridas.
Según se describe en la sentencia, los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 8 de octubre, cuando un dispositivo de la USECIC de Córdoba se encontraban prestando un servicio preventivo de orden público en la Feria de Nuestra Señora del Rosario, en Peñarroya, y al identificar a varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, una mujer se negó a identificarse profiriendo insultos contra los agentes, llamándoles “hijos de puta y perros” entre otras expresiones.
El hombre que la acompañaba acometió contra uno de los guardias civiles empujándole y golpeó en el pecho a otro de ellos, y cuando estaba siendo reducido e inmovilizado volvió a golpear violentamente en la cara a un tercer agente, rompiéndole las gafas y una linterna, así como ocasionándole lesiones que requirieron asistencia médica.
Estos hechos corroboran lo que AUGC ha hecho público recientemente, que más del 40% de los accidentes que sufren los guardias civiles son consecuencia de agresiones físicas, según un informe de la dirección general del Cuerpo. Se trata de una tendencia que AUGC viene denunciando desde hace años, y la situación, lejos de solucionarse, empeora cada vez más. Cada semana, los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredir a los guardias civiles y policías, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores.
Por ello, AUGC lleva mucho tiempo reclamando que se modifique el código penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y se refuerce la protección jurídica tanto a los agentes como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que sufren. Pero el Gobierno y los grupos parlamentarios, lejos de atender esa reclamación, pretenden hacer precisamente lo contrario con su reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que agravará aún más la situación de indefensión que padecen los agentes, como ha denunciado recientemente la Plataforma ‘No a la España insegura’, de la que forma parte AUGC junto a la mayoría de asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de Policía, mediante una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, a la que se sumarán nuevas acciones si sigue adelante la tramitación de dicha reforma legislativa.
