El secretario general de AUGC en Córdoba, Gustavo Pérez, y el responsable de organización, David Regalón, se han reunido con el candidato de Ciudadanos por Córdoba al parlamento andaluz, Ángel Luis Pimentel, a quien le han trasladado el rechazo de esta asociación profesional al nuevo criterio que la jefatura de la Guardia Civil en Córdoba va a aplicar para la asignación de destinos al personal de reserva en las sedes judiciales de la provincia, por los graves perjuicios que causará a los afectados, ya que esa medida supone una modificación de las condiciones y expectativas que tenían los agentes al pasar a la situación de reserva y solicitar esos destinos.
Pero es que además, a medio o largo plazo también puede generar un problema al no cubrirse las vacantes que se vayan produciendo en un futuro, como ya ha ocurrido en otras provincias. Y por ello la Junta de Andalucía y el parlamento andaluz no pueden mantenerse al margen de esta decisión unilateral y sobrevenida de la jefatura provincial.
En el encuentro AUGC también ha expuesto el preocupante déficit de plantilla que afecta especialmente a los puestos de Seguridad Ciudadana, agravado por la creación de cada vez más “unidades fantasma” −equipos ROCA, VIOGEN, PEGASO, Ciberdelincuencia−, que son muy necesarias pero deberían tener su propio catálogo de personal y sus propios medios materiales.
Además, se ha abordado el preocupante estado de las infraestructuras de la Guardia Civil en la provincia, y el insuficiente presupuesto para el mantenimiento y las reformas necesarias. Así como el deterioro y antigüedad de los vehículos, que conlleva todos los años un enorme gasto en reparaciones y mantenimiento −más de tres millones de euros en los últimos diez años−.
Los representantes de Ciudadanos han mostrado su interés y preocupación por todos los asuntos tratados, incluida la reclamación de AUGC para que en la Guardia Civil se implante un sistema de turnos de trabajo y una jornada laboral digna, como ya tiene la Policía Nacional, así como el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, el pleno reconocimiento del derecho de asociación con las mismas garantías y herramientas que el otro cuerpo policial estatal, y la adaptación del modelo policial a las actuales necesidades de seguridad de la sociedad española y cordobesa.
