La organización agraria Asaja Córdoba ha lamentado la “inacción” de la Junta de Andalucía en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto Guadiato, en el norte de la provincia cordobesa ya que, a día de hoy, “no han arreglado absolutamente nada con actuaciones simplemente simbólicas que no dan solución a la realidad del problema que sufre esta zona”.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha hecho estas declaraciones después de que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, haya afirmado que la mayoría de las actuaciones de cambios de usos solicitadas se han informado “con carácter favorable”, habiendo sido solo once las peticiones realizadas por los agricultores y ganaderos. Para la organización agraria, estas palabras “están fuera de la realidad” y espera que sean un punto de inflexión para resolver, de una vez por todas, la problemática de esta comarca.
Y es que “todo el mundo conoce que las limitaciones que se mantienen para realizar cualquier inversión o cambios de usos de cultivos hacen que los agricultores y ganaderos ni siquiera las soliciten porque saben que van a ser denegadas”.
Por ello, Asaja solicita, como ha venido pidiendo desde años a la Junta, al gobierno actual y al anterior, y como pidió en una moción que se presentó en los ayuntamientos y la diputación de Córdoba en septiembre de 2020, que se derogue o, en su defecto, se modifique sustancialmente el decreto que declaró la ZEPA ‘Alto Guadiato’, pues las limitaciones que conlleva “imposibilitan poder llevar a cabo las necesarias inversiones en las explotaciones para lograr la necesaria rentabilidad de las mismas, lo que ha ocasionado una situación de crisis en la zona”.
Ello implica que la comarca “está sufriendo un grave estancamiento social y económico”, agravado año tras año, al poderse apreciar cómo explotaciones de comarcas limítrofes han podido modernizarse, transformarse y ganar en competitividad y rentabilidad.
Además, todas estas limitaciones impiden acogerse a las ayudas de modernización y a las ayudas de incorporación de jóvenes al no cumplir los requisitos de esas convocatorias que requieren mejorar y crear empleo en sus explotaciones.
FRACASO DE LAS AYUDAS
Además, se ha demostrado, como era previsible que, con las ayudas que se prometieron cuando se declaró esta zona de protección, han ocurrido dos cosas; “que nunca han llegado o han sido un absoluto fracaso”.
Por ello, es preciso reconocer que la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas “es el principal activo de la economía del Guadiato y Los Pedroches”, pero, sin embargo, están atravesando una situación límite y es necesario que se toman medidas que favorezcan la modernización y transformación de las mismas.
Asaja destaca que no puede olvidarse que, “si hay una ZEPA o existen otras protecciones especiales en estas comarcas, se debe al trabajo realizado durante años por los agricultores y ganaderos. Sin ellos, no existirían esas zonas. Y si se abandonan por falta de rentabilidad, desaparecerán a corto o medio plazo las características de las zonas protegidas”.
Por ello, la organización agraria considera “tremendamente injusto que, a quienes han hecho posible que exista una zona de protección, se les penalice tan brutalmente condenándolos al abandono de sus explotaciones y de sus pueblos, lo que conllevará en pocos años a que deje de existir la zona de protección por el abandono de los cultivos”.
También es conveniente recordar, la enorme oposición que tuvo la implantación de esta ZEPA que dio lugar a numerosos actos reivindicativos durante 2006, 2007 y 2008, con el apoyo de una parte importante de los partidos políticos y ayuntamientos de la zona. Lamentablemente, “no se hizo caso a las protestas y el tiempo ha dado la razón a todos los que avisaron que esta situación de crisis en la zona iba a llegar”, subraya la organización agraria.
De hecho, de continuar esta situación, los agricultores y ganaderos afectados de las zonas del Guadiato y Los Pedroches están dispuestos a reivindicar, por los medios que consideren oportunos, incluidas movilizaciones, la defensa de la sus explotaciones y el mantenimiento del empleo en esas comarcas.
