El Ayuntamiento de Montalbán y su alcalde, Miguel Ruz (Izquierda Unida), han sido condenados por el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba por un caso de acoso laboral que afecta al técnico municipal de Urbanismo. Según la sentencia, el consistorio deberá indemnizar al trabajador con 12.558,6 euros como reparación por los daños sufridos a lo largo de años de hostigamiento.
Daños físicos y psicológicos
El empleado, quien actualmente se encuentra de baja por incapacidad, ha desarrollado patologías graves como resultado del acoso continuado en el entorno laboral. Su defensa ha señalado que estos problemas de salud están directamente relacionados con las prácticas reiteradas de abuso y marginación que sufrió. Cabe destacar que el afectado es delegado sindical de CSIF, lo que agrega una dimensión sindical al conflicto.
Un patrón de hostigamiento sistemático
La sentencia, a la que tuvo acceso El Día de Córdoba, detalla las múltiples formas en que el técnico fue acosado. Entre las acciones destacadas, se menciona una sobrecarga laboral injustificada, el traslado arbitrario a un despacho que había ocupado durante casi 20 años sin ninguna justificación, y la exclusión sistemática de órganos clave de negociación, como la mesa de seguimiento del Catastro. Además, se le negó el acceso a información sindical que sí era proporcionada a otras centrales.
Un fallo contundente contra el abuso de poder
El tribunal calificó estas acciones como un "ataque reiterado a la integridad moral del trabajador", sentando un precedente importante sobre cómo los abusos de poder en la administración pública deben ser tratados. La sentencia no solo impone una sanción económica, sino que también pone de relieve la responsabilidad institucional en la protección de los derechos de los empleados municipales.
Contexto sindical y respuesta pública
Desde CSIF, el sindicato al que pertenece el afectado, se ha manifestado preocupación por el caso, subrayando que este tipo de situaciones no solo afectan a la salud de los trabajadores, sino que también envían un mensaje negativo sobre la falta de garantías en el ámbito laboral público.
El caso pone en evidencia la necesidad de abordar de manera urgente las prácticas de acoso en la administración pública y refuerza el llamado a promover un entorno laboral respetuoso y transparente.
