Tras las presuntas amenazas sufridas durante su estancia vacacional en Asturias que Pablo Iglesias e Irene Montero denunciaron en redes sociales, la Fiscalía ha informado este miércoles que todavía no ha recibido ningún atestado de la escolta del vicepresidente y de la ministra, ni ninguna denuncia de los afectados para poder investigar los hechos.
Esta situación obligó a Iglesias, Montero y a sus tres hijos suspender su descanso por el acoso. Aunque fuentes del Ministerio Publico han apuntado que sin los documentos necesarios establecidos por la Ley del Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en los que se especifican los hechos ocurridos no se puede iniciar una investigación.
El procedimiento judicial se basa en establecer una ‘notitia criminis’ o noticia directa que determina la relevancia penal de la denuncia pública formulada por el vicepresidente y la ministra, que además cuentan con un equipo de escoltas de la Policía Nacional que pueden remitir un atestado a la Fiscalía si consideran que los hechos fueron delictivos o con suficiente trascendencia para su investigación.
Dos documentos que todavía no han llegado a la Fiscalía. Aunque el líder de podemos apuntó este martes en redes sociales que los hechos fueron graves y lo que esta haciendo la extrema derecha “no hay derecho a que sus hijos tengan que sufrir las consecuencias y las tareas políticas de sus padres”.
De igual manera Iglesias señalo que “el victimismo no va conmigo”, y que hay niños en situaciones mucho más vulnerables. Y quiso agradecer la tarea de los escoltas por cumplir con su labor con la mayor profesionalidad y el mejor trato humano.
En relación con los hechos, el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa relató que la familia tuvo que abandonar Felgueras al recibir “insultos y amenaces injustificables”, tal y como se mostró en redes sociales una pintada en la vivienda donde se alojaban que se leía “coletas, rata”.
Y no es la primera vez que se ven en esta circunstancia, pues ya en su vivienda madrileña de Galapagar tuvieron pintadas y acoso por parte de la extrema derecha que llevaron a un juzgado de Collado Villalba, el cual archivo el caso por falta de indicios.
