Con el cambio de fase de la pandemia en España y el paso de la fase de confinamiento severo al inicio de la desescalada, el Gobierno ha cambiado de expertos para guiarse en esta nueva etapa, pero mantiene el secretismo que ya aplicó a las personas que elaboraron el sistema de cuatro fases que ahora transitarán las provincias y comunidades autónomas. Quienes decidirán la progresión de Madrid, Valencia o Andalucía son ahora funcionarios del Ministerio de Sanidad pero el Ejecutivo se niega a identificarlos, incumpliendo incluso la Ley de Salud Pública o la Ley de Transparencia, confirma 20Minutos.
El presidente, Pedro Sánchez, ha vuelto a rechazar este sábado dar una información que en días pasado también ha evitado dar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES, Fernando Simón. “Lo que importa es que son funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes junto a las direcciones de Sanidad Pública de las comunidades, deciden de manera coordinada los territorios que pueden pasar de una fase a otra y es es lo más importante”, ha driblado Sánchez para evitar dar sus nombres.
“Estamos siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad desde el punto de vista científico y de compromiso de servicio público y lo único que puedo hacer es reivindicar su profesionalidad y reconocer su compromiso”, ha dicho el presidente, tanto en alusión a los expertos de Sanidad que asesoran al Gobierno central como a los de las comunidades autónomas.
Así pues, el Gobierno se mantiene encastillado para no dar el nombre de los expertos que revisan la información que remiten los gobiernos autonómicos a Sanidad y que participan en la decisión sobre qué territorios avanzan o no. Lo que sí se sabe es que son trabajadores del Ministerio que dirige Salvador Illa, funcionarios adscritos al CCAES y a la Dirección General de Salud Pública, adelanta 20Minutos.
Este secretismo ha provocado las críticas del PP, Vox y Ciudadanos, que en los últimos días han exigido al Ejecutivo que haga públicos los nombres. "La sociedad tiene derecho a saber quién conforma ese comité científico. No es de recibo que nos digan que es algo secreto", denunció este jueves en la comisión de Sanidad la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra.
En el CCAES trabajan sobre todo epidemiólogos y el porcentaje de personal médico es superior al de la Dirección de Salud Pública, donde puede haber más perfiles, aunque entre lo que son sanitarios son muy numerosos los expertos en medicina preventiva.
Simón es identificado como director del CCAES, aunque su verdadero rango funcionarial es el de subdirector y no accedió a él hasta la última remodelación de la estructura del Ministerio, el pasado mes de enero. La directora del Centro se llama Pilar Aparicio y es licenciada en Medicina, especialista en Medicina Interna, doctorada por el Programa de Microbiología Clínica y Diplomada en Medicina Tropical. Entre 2015 y 2018 dirigió la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, un centro con un protagonismo clave en la pandemia como verificador de los test de diagnóstico o su papel en la confección del plan de desescalada. De hecho ,su directora actual, Raquel Yotti, formó parte del grupo de expertos que diseñaron la cuatro fases y que el Ejecutivo no identificó hasta un día después de presentarse a la opinión pública.
También forma parte del CCAES María José Sierra, que sustituyó a Simón en las ruedas de prensa en Moncloa mientras que Simón estuvo convaleciente por coronavirus. Ella también es médico especialista en medicina preventiva, salud pública y epidemiología.
Por lo que respecta a la Dirección General de Salud Pública, los expertos que podrían aportarse desde ella son principalmente expertos en Medicina Preventiva, aunque en esta unidad hay “de todo”, dicen quienes conocen este departamento. Aunque su director general debería ser un funcionario de carrera, en esta ocasión también se trata de un cargo nombrado. Se trata de Faustino Blanco, ex director general de Salud Pública de Asturias y exconsejero asturiano de Sanidad, que fue confirmado por Illa tras haber sido nombrado para el cargo por la anterior ministra de Sanidad, María Luis Carcedo.
Sin embargo, más allá de estas pinceladas sobre el perfil de los expertos o el nombre y el curriculum de las personas que están en puesto superiores de la jerarquía, el Gobierno se niega a facilitar las identidades de las personas que en las próximas semanas van a estar detrás en buena medida de las decisiones de qué territorios avanzan con más o menos velocidad hacia la “nueva normalidad” económica y social.
El Gobierno lo justifica para preservarlos ante eventuales presiones, dada la envergadura y las importantes implicaciones de las decisiones que van a tener que ir tomando. Lo hace a pesar incluso de que la Ley de Salud Pública, que desde 2011 obliga a hacer públicos los comités y sus informes en este ámbito.
De momento, Illa y el resto de responsables políticos se mantienen firmes en no revelar los nombres, mientras que ya se apunta una vía de escape por la que, quizá, podría evitarlo hasta el final sin que esto fuera una violación de la ley. Quien apunta a esta posibilidad lo hace teniendo en cuenta que la decisión sobre si Madrid o Valencia permanecen en la Fase 0 o Sevilla y Coruña pasan a la Fase 1 “la asume quien firma”. En el caso, es el ministro Illa, porque el paso de una fase a otra y qué significa se publica en el BOE como una Orden Ministerial, este mismo sábado, sin ir más lejos.
Según esta teoría, además, no podría exigirse responsabilidad sobre las decisiones del paso de una fase a otra a un grupo de expertos que redacta informes que “no son vinculantes” y sobre los que quien tiene la última palabra es el ministro de Sanidad, que podría o no podría hacerles caso. Apuntan, por tanto, que quizá la obligación de dar a conocer el nombre de ese comité científico no se trasladaría a los funcionarios de Sanidad.
No obstante, esta es solo una interpretación de la ley que, además, está bastante alejada de la importancia que el propio Sánchez ha vuelto dar este sábado a los expertos. Emiten opiniones basadas en criterios científicos en que, junto a la “prudencia”, se basa la decisión de Illa de permitir que una provincia pase de fase o quede atrás. “El Gobierno siempre ha mantenido el criterio de despolitizar la emergencia sanitaria, la prudencia y el criterio de los expertos”, ha asegurado.
Por otra parte, Sánchez y su Gobierno insisten en que son “técnicos” del Ministerio Sanidad, funcionarios adscritos a este Ministerio, igual que también lo fueron los ‘expertos’ que diseñaron el plan de desescalada. Un día después de anunciarse las cuatro fases, el Ejecutivo desveló el nombre de sus asesores, entre los que se pudo comprobar que había cargos políticos del Gobierno, asesores de ministerios y personas vinculadas al PSOE.
Además de Yotto, formaron parte de ese primer comité asesor el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz; la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas; el director de Análisis Macroeconómicos del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo; el Embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global, Ángel Alonso; el director de la Oficina Nacional de Prospección y Estrategia de País a Largo Plazo del gabinete del presidente, Diego Rubio; el director del gabinete del secretario de Estado para la UE, Diego Martínez, o el asesor del Ministerio de Seguridad Social, José Fernández Albertos.
Entre aquellos expertos había también médicos vinculados con el PSOE, cuyos gobiernos autonómicos han ocupado puestos de gestión sanitaria como Ana María García y Antonio Plasencia, así como un profesor de Filosofía vinculado con Podemos, Borja Calvo.
Completaron la tabla el astrofísico Bruno Sánchez-Andrade, el economista Miguel Otero y el medico y profesor titular de la Escuela de Salud Pública de Harvard Miguel Ángel Hernán.
