El Gobierno, en el más difícil todavía. Si ya de por sí iba a ser complicado indultar a los presos del procés frente al recelo de la opinión pública, la previsible tormenta política y mediática ya desatada e incluso las dudas que suscita su concesión en el seno del propio PSOE (el extremeño Fernández Vara ya ha dicho que "no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no cree en las leyes"), el Supremo ha venido a añadir un último obstáculo.
El Tribunal que dictó la sentencia se ha pronunciado contra la medida de gracia de forma categórica: no ve razones de justicia, equidad ni de utilidad pública en las que sustentarla. Y, es más, no aprecia que sus potenciales beneficiarios muestren el más mínimo arrepentimiento con respecto a los delitos que les llevaron a la cárcel. Al propio Sánchez le hubiera ayudado a explicarse, pero no ha sido así.
La decisión del Tribunal, que no por esperada ha causado menos revuelo, no ha echado para atrás, sin embargo, al presidente del Gobierno, empeñado en mantenerse firme en su idea. Sánchez, que puso a rodar la bola por la pendiente el martes en Bruselas (de acuerdo a la tradición de los presidentes españoles de protagonizar episodios sonados en sus viajes al exterior), repitió este miércoles en la sesión de control los argumentos básicos de su relato. Lo de que hay un tiempo “para el castigo y otro para la concordia”, y lo de que tomará la decisión “en favor de la convivencia”. Fue una especie de paso más. Esto es, volvió a anunciar el indulto sin anunciarlo.
Lo dijo antes de que hablara el Supremo. De lo que opina del fallo todavía no hay noticia. Es más, en un acto público inmediatamente posterior, llegó a decir: “Si hay una palabra que marca la actualidad es… “ . Y cuando era de esperar que dijera indulto -en la calle no se hablaba de otra cosa dijo “recuperación”.
El Ejecutivo defiende su prerrogativa
Así que fueron los suyos los encargados de defender el rumbo que ha tomado el Gobierno con el viento en contra, también, del Supremo. Las ideas básicas son dos: máximo respeto a lo que dice el tribunal, pero desde la premisa de que la última palabra la tiene el Gobierno. El informe de los magistrados es preceptivo pero “no es vinculante”, recordó el ministro de Política Territorial Miquel Iceta. “Es una decisión del Consejo de Ministros”, precisó el de Transportes, José Luis Ábalos.
Para el Gobierno, el esfuerzo ya no es tanto convencer con sus razones –misión casi imposible dado lo resbaladizo del asunto y lo enconadas que están las posiciones- si no hacer ver que tome la decisión que tome será en el ejercicio de sus facultades y con respeto a la ley. Máxime cuando la decisión del Supremo proyecta la idea de que el Ejecutivo si da los indultos le quita la razón.
“El indulto es un derecho que existe para todos los españoles cuando lo piden, porque es un instrumento propio de las democracias asentadas”, afirmó la vicepresidenta Carmen Calvo, encadenando varias afirmaciones en esa misma dirección: “El Gobierno indulta a un ciudadano casi cada semana”. “Es un instrumento dentro de la estricta legalidad”.
