El rey emérito, Juan Carlos I, ha presentado una regularización fiscal al Ministerio de Hacienda por las cantidades no declaradas que había gastado con tarjetas de crédito y con unos fondos cuyo origen forma parte de una investigación de la Fiscalía, según avanza eldiario.es.
El intento de saldar sus cuentas con Hacienda a finales de 2020 pretende cerrar la investigación que abrió hace más de un año la Fiscalía Anticorrupción y que ahora se encuentra en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforado Juan Carlos I. De ser aceptada por Hacienda, el asunto se saldaría con el pago de las cantidades defraudadas y una multa. La citada información asegura que la Agencia Tributaria estudia aún la propuesta del letrado Javier Sánchez-Junco.
La Fiscalía Anticorrupción abrió en 2019 una investigación al detectar el uso de las citadas tarjetas. El Ministerio Público trata de comprobar si entre 2016 y 2018 los gastos con esas tarjetas superaron los 275.000 euros en un solo ejercicio, que conllevarían pagos a Hacienda por 120.000 euros anuales, la cantidad defrauda a partir de la cual se abren investigaciones penales. Juan Carlos I era inviolable –no podía ser investigado– por hechos anteriores a 2014 cuando era jefe del Estado, pero esos posibles delitos fiscales se habrían producido con posterioridad a su abdicación.
La regularización fiscal de los gastos de las tarjetas, disfrutados por el propio Juan Carlos I y otros miembros de la familia real como la reina Sofía, allanaría el futuro judicial de Juan Carlos I, toda vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que los hechos relacionados con el dinero procedente de Arabia Saudí constituyen presuntos delitos amparados por la inviolabilidad del monarca. El Ministerio Público ultima una propuesta de archivo con una detallada exposición de las irregularidades cometidas por el monarca mientras era jefe del Estado, publica eldiario.es
Se trata de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey con varios millones de euros y que podría constituir un delito de blanqueo. Los movimientos de ese dinero con posterioridad a la abdicación son claves para saber si esta tercera vía puede concluir en una investigación en el Supremo, si bien el origen de la recepción de los fondos podría remontarse a 2005.
