María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha intentado este lunes salvar el decreto ley sobre el empleo por parte de los ayuntamientos de sus ahorros abriéndose en el Congreso a elevar el tope fijado para que de los 28.000 millones ahorrados por los municipios solo puedan gastar 5.000, tras prestar el monto total al Gobierno central. Según informa el periódico 20 Minutos, antes de que se vote en el Pleno, la ministra ha accedido en comisión parlamentaria modificar la cifra de 5.000 millones posteriormente, a lo que desde ERC hasta Ciudadanos han manifestado su desconfianza de que vaya a ser así.
La ministra ha defendido este lunes la solución de Hacienda para que los ayuntamientos puedan gastar por encima del límite que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según ha advertido, su mecanismo les permitirá disponer de 5.000 millones, cuando por ley solo tendrían acceso a 1.000. No obstante, ante la dificultad real que contempla el Gobierno para sacar adelante el decreto, Montero ha accedido a que pueda ser modificado posteriormente, incluso por lo que respecta a la polémica cifra de 5.000 millones. El PP no ha recogido el guante y su portavoz en la comisión de Hacienda, Carolina España, le ha instado a que "retire el decreto".
Montero ha accedido a que el decreto se pueda enmendar una vez convalidado, "para que lo puedan modificar" los grupos. "Si el fondo de 5.000 millones creen que hay modificarlo", ha añadido y se ha comprometido a que este mecanismo no se pondrá en marcha hasta que no haya acuerdo dentro del Congreso sobre los millones de ahorros de los que podrán disponer los ayuntamientos.
Hasta este momento la ministra había insistido en que los ayuntamientos puedan gastar solo 5.000 millones. Este lunes se ha abierto a encontrar otra cifra aunque ha defendido su mecanismo para utilizar los ahorros de los ayuntamientos que ha empezado por disminuir. Es cierto que tienen ahorrados 28.000 millones, pero solo están disponibles la mitad, unos 14.000 millones. "Son los que estarían disponibles para ser utilizados porque el restos son anticipos de tesorería para tener una reserva para el pago de las nóminas", ha apuntado.
Por otra parte, según 20 Minutos, ha advertido de que con estos miles de millones en el banco los ayuntamientos están pagando "unos 700 millones de euros al año" de intereses. "Los ayuntamientos están pagando dinero" por mantener estos ahorros, algo que Montero ha dicho que es "difícil de entender en la actual situación".
El Partido Popular ha recordado que va a recurrir el mecanismo ante el Tribunal Constitucional y España ha exigido a Montero que "retire el decreto". Lo ha hecho en una primera intervención a la que han seguido los portavoces de otros grupos. Como los populares y con distinto tono y motivos, desde Vox hasta Unidas Podemos y ERC han rechazado el decreto. En este último caso, el portavoz de los republicanos, Joan Margall, ha anunciado que los ayuntamientos de ERC y las diputaciones de Lleida, Tarragona y Girona no prestarán sus remanentes a Hacienda. "No van a transferir sus remanentes al Estado porque vulnera el principio de autonomía local, en ningún caso financiarán ni harán de banca al Estado", ha dicho Margall, que ha acusado al PSOE de que "a la hora de la verdad no se diferencia mucho del PP, compran la política de austeridad basada en la asfixia de los ayuntamientos".
Por su parte, partidos como PDeCAT, Compromís o BNG han criticado que la solución de Hacienda sea distinta a la que se encontró para las comunidades, a las que el Gobierno central va a transferir 16.000 millones a fondo perdido y en función de sus necesidades. Ferrán Bel ha dicho: "El Gobierno puso 16.000 millones para todas las comunidades, si pone 5.000 millones se tiene que repartir entre todos los ayuntamientos".
Idoia Sagatizabal, del PNV, ha insistido directamente en que el Gobierno tiene que derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su plasmación en la Constitución a través del artículo 135 que PP y PSOE acordaron modificar de forma exprés en 2011, las leyes a las que Montero se ha referido para defender que no puede hacer otra cosa que la que ha propuesto y que previsiblemente el Congreso rechazará.
