lunes 26/7/21

La ley rider llega a España

El Gobierno aprueba esta martes la ley para la laboralización de los repartidores de plataformas digitales, pactada con sindicatos y empresarios hace dos meses, y que da un lapso de tiempo de tres meses a las empresas como Glovo y Deliveroo para que se adapten al modelo laboral

Rechazó unos "10.000" euros de Deliveroo a cambio de dejarlo estar, de no litigar contra la multinacional su condición de trabajador. Pero se negó. Es el caso de Víctor Sánchez, quien fue el primer repartidor de plataformas digitales, también conocidos como riders, que llevó a una de las grandes empresas del sector ante la justicia en España. Y ganó. A esa primera sentencia, de junio de 2018, le han seguido casi 50 más y una larga lista de actuaciones de la Inspección de Trabajo que han concluido lo mismo: los mensajeros autónomos de las grandes empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo y Uber Eats no son tal. Son falsos autónomos. Este martes, el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros la llamada 'Ley Rider' promovida desde el Ministerio de Trabajo para acabar con este abuso.

Además, la legislación que refuerza la laboralidad de estos trabajadores llega seis años después de la irrupción de Deliveroo en España y de la fundación de Glovo en Barcelona en 2015. Las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio congregan a numerosos restaurantes en una misma app (aplicación), que ponen a disposición de los clientes a un clic. "Ya vamos nosotros", es uno de los eslóganes más conocidos de Glovo. Ese "nosotros", en cambio, no lo forman trabajadores de Glovo. La empresa no tiene contratados laboralmente a sus mensajeros, sino que estos tienen que ser autónomos para repartir para la multinacional. Lo mismo ocurre la mayor parte de las grandes empresas del sector (Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart), excepto Just Eat, que tiene un modelo laboral sobre todo basado en la subcontratación.

Por lo que respecta a estas grandes plataformas de reparto se multiplicaron por las principales ciudades españolas e impusieron su modelo de autónomos. Con el tiempo, los repartidores empezaron a movilizarse, con especial actividad en Barcelona y después otras grandes ciudades, para reclamar más derechos a las empresas. Era 2017, el germen de RidersxDerechos, movimiento de mensajeros que ha liderado las movilizaciones contra el abuso de los falsos autónomos en estas compañías, de la mano al principio de sindicatos minoritarios como IAC e Intersindical y más tarde de otras organizaciones más grandes, como UGT.

Del mismo modo la Inspección de Trabajo ha destapado en estos años al menos 18.000 falsos autónomos en estas empresas. En concreto, 17.957 personas dadas de alta como asalariadas hasta el mes de enero, según fuentes conocedoras de las investigaciones. Los expedientes liquidatorios, por las cuotas dejadas de ingresar a la Seguridad Social, sumaban entonces un total de casi 26 millones de euros (25.987.401).

Finalmente, el órgano que sienta jurisprudencia en España se posicionó sobre el modelo laboral de los riders en septiembre de 2020, por la denuncia de un ex repartidor de Glovo, un momento muy esperado dado que había algunas sentencias que habían respaldado a las plataformas en instancias inferiores. El Alto Tribunal analizaba el modelo laboral de la empresa, muy similar al de sus competidoras, y rechazaba la relación de autónomos y de las empresas como meras intermediarias.

Durante estos años, se permitió también visibilizar las situaciones más precarias que albergan estas empresas, como los accidentes sin ninguna protección social y la vulnerabilidad de los mensajeros que alquilan cuentas, a menudo migrantes o demandantes de asilo sin permiso de trabajo. Una realidad que se conocía como bastante extendida entre los repartidores, que no solían denunciarla para no poner en el foco a este eslabón más precario, pero que las empresas negaban. Hasta la muerte de Pujan, un joven nepalí que falleció en mayo de 2019 mientras repartía en Barcelona. 

Finalmente, los sindicatos CCOO y UGT cedieron en la limitación de la ley solo a los riders, que confían ampliar en un futuro, pero también consiguieron un punto decisivo para ellos. La legislación reconoce el derecho de información a los representantes de los trabajadores de cómo funcionan los algoritmos en lo que respecta a las condiciones laborales. La ministra Yolanda Díaz ha puesto en valor este elemento como un paso que coloca a España en la vanguardia del derecho laboral en Europa, ya que es el primer país en legislar sobre la materia. Se trata del apartado dos de la norma.

Este martes, tras dos meses del acuerdo con los agentes sociales, el Consejo de Ministros firmará por fin la llamada Ley Rider. El Ministerio de Trabajo confía en enterrar con ella el abuso de los falsos autónomos sobre dos ruedas y mochila a espalda. El Ejecutivo da tres meses a las empresas para adaptarse a la nueva legislación, hasta mediados de agosto. Está por ver cómo responderán las grandes empresas del reparto.