La Junta de Andalucía ha vuelto a realizar una gran convocatoria exprés para cubrir cientos de puestos de funcionarios interinos. Nuevamente, adjudicará esos puestos sin evaluar los méritos de los candidatos seleccionados y por riguroso orden de llegada. La convocatoria, que excluye a numerosos colectivos considerados de riesgo, oferta 250 plazas de funcionarios interinos para el cuerpo general de administrativos.
Estará abierta desde las tres de la tarde del martes hasta las tres de la tarde del miércoles y seleccionará 250 interinos hasta el 31 de diciembre, a los que se destinará a los servicios centrales y a las delegaciones territoriales de todas las consejerías. La Junta de Andalucía pretende "agilizar la tramitación y resolución" de los "procedimientos pendientes" vinculados al Fondo de Emergencia Social y Económica. Por eso, requiere la incorporación "presencial y urgente" de los nuevos contratados.
Para Pablo López del Amo, coordinador del sector de administración autonómica de CCOO Andalucía, la nueva convocatoria para contratar administradores generales es una "cacicada". Este tipo de convocatorias, que se abren y se cierran en un día y se adjudican por orden de presentación, han sido muy criticadas por la oposición y los sindicatos, que ven en ellas la sombra del enchufismo. CCOO y CGT han llevado el asunto ante la Fiscalía por entender que no cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, y pueden ser discriminatorios. También el PSOE anunció que acudiría a los tribunales.
La Junta de Andalucía y los sindicatos acordaron en marzo establecer este procedimiento urgente para contratar personal en centros sociosanitarios. Sin embargo, la administración empezó a aplicar el procedimiento exprés a puestos alejados de la primera línea de batalla contra el virus. Se han cubierto así plazas de técnicos de pesca o de conservador de patrimonio, además de cientos de puestos de administrador general.
Desde mediados de agosto, la Junta de Andalucía solo había vuelto a utilizar esta fórmula para contratar personal de emergencia para hacer frente a brotes como el declarado en la residencia de El Zapillo (Almería). La consejería de Presidencia y Administración Pública, que realiza las convocatorias, no ha contestado a las preguntas de este medio.
Excluidos del pacto del teletrabajo
Como es habitual, esta nueva convocatoria excluye expresamente a numerosos colectivos de riesgo: enfermos de diabetes, cardiovasculares (incluida la hipertensión), pulmonares crónicos, renales, neurológicos, inmunodeficientes, oncológicos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y mayores de 60 años están siendo sistemáticamente excluidos. Los solicitantes deben firmar una declaración responsable de que no están incluidos en ninguno de estos grupos.
La convocatoria vuelve a hacer hincapié en la necesidad de "trabajar presencialmente", aunque se trate de un puesto (administrador general) a los que se aplica el teletrabajo. La obligación que tendrán estos interinos de trabajar presencialmente ha obligado a excluirlos, con carácter general, del pacto por el teletrabajo que la Junta de Andalucía y los dos sindicatos mayoritarios en la administración autonómica (CSIF y UGT) anunciaron ayer.
El pacto consiste en un nuevo protocolo de aplicación del teletrabajo, "cuando la naturaleza de la actividad lo permita". Tanto por la naturaleza de las funciones de un administrador general como por el ámbito genérico del pacto ("todos los empleados públicos"), los solicitantes en esta nueva convocatoria deberían estar incluidos en la oferta de teletrabajo. Sin embargo, el pacto dedica un apartado especial a los interinos o temporales contratados "en el marco de planes de choque, medidas de reactivación económica o refuerzo de servicios públicos para hacer frente a la pandemia". Señala que, a diferencia de los demás empleados públicos, ellos desarrollarán su trabajo "preferentemente" de forma presencial.
Para el resto de empleados públicos, el teletrabajo será opcional y de un día a la semana. Será el jefe de unidad, jefe de servicio o director del centro el que deberá determinar qué puestos de trabajo pueden cubrirse de forma no presencial. Comisiones Obreras no ha firmado el pacto por entender que esto excluye la participación sindical o del trabajador y da toda la potestad a los jefes.
