La Junta de Tratamiento de la cárcel catalana de Lledoners ha acordado aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a Oriol Junqueras. El exvicepresidente de la Generalitat podrá salir seis horas al día tres días por semana para trabajar, según ha informado la Secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat. La medida también afecta al exconseller Raül Romeva.
Su salida de la cárcel para trabajar puede ser inmediata, ya que un eventual recurso de la Fiscalía sobre la decisión de la Junta de Tratamiento no la dejaría en suspenso, si bien requiere de la ulterior ratificación por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria.
Por el momento, la Generalitat no ha informado de en qué momento se producirán las salidas ni en que empresas o entidades trabajarán para proteger la intimidad de los presos.
Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación por el Tribunal Supremo por "su destacado papel" y su "liderazgo" en el plan independentista, y Romeva, condenado a 12 años por los mismos delitos, se suman a otros cinco presos condenados por el procés que ya tienen permiso para salir de la cárcel para ir a trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares. Los dos líderes del procés condenados a prisión por sedición a los que por ahora no se ha aplicado este artículo son los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull.
A Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa se les ha aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, en vigor en toda España, que permite flexibilizar el régimen de los internos, independientemente del grado en el que estén clasificados o de si han cumplido o no la cuarta parte de la condena.
El primero en salir de prisión fue Cuixart, el pasado 13 de febrero para trabajar en su empresa y ejercer voluntariado, con un permiso de nueve horas y media, cinco días a la semana entre lunes y viernes. Le siguieron, el 17 de febrero, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, con un permiso de nueve horas al días durante tres días a la semana para cuidar de su madre, y la exconsellera Dolors Bassa, también para cuidar de un familiarde edad avanzada, tres días a la semana, ocho horas la jornada.
Posteriormente, fue 20 de febrero el exconseller de Interior Joaquim Forn quien salió por primera vez en aplicación del artículo 100.2, que le permite ir a trabajar de lunes a viernes, doce horas y media cada día, en el departamento legal de la productora Mediapro, donde se encarga de los asuntos de derecho público.
El último de los presos del procés que ha salido hasta el momento de prisión fue el exlíder de la ANC Jordi Sánchez, que el pasado martes, 25 de febrero, empezó sus labores de voluntariado en la Fundación CanPedro de Barcelona, dedicada a atender a personas en riesgo de exclusión social, con un permiso de once horas al día, tres veces a la semana entre lunes y viernes.
Hasta el momento, la Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la aplicación del 100.2 en los casos de Sànchez y Cuixart alegando que no se han arrepentido y que sus salidas laborales y de voluntariado no ayudan en su reinserción, ya que lo que necesitan es un programa específico sobre el delito de sedición por el que fueron condenados.
En sus recursos, la Fiscalía reprocha a la Generalitat su intención de "generalizar" la flexibilización del régimen penitenciario a todos los líderes independentistas presos, con un tercer grado "encubierto", ya que entiende que el 100.2 debe de ser de aplicación excepcional.
Precisamente, el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha defendido este jueves en una comparecencia en el Parlament los recursos en que el ministerio público se opone a los permisos laborales a los presos del procés y ha afirmado que "lo razonable" es que la Generalitat les hubiese concedido el tercer grado si los ve rehabilitados.
Si la Generalitat hubiese clasificado a los presos del procés en el tercer grado -por el que solo se va a dormir a prisión-, un eventual recurso de la Fiscalía contra esta medida podría haber llegado hasta el Tribunal Supremo, que fue el que los condenó. Por el contrario, una vez los presos han sido clasificados en el segundo grado, los recursos de Fiscalía sobre la aplicación del artículo 100.2 se agotan en la audiencia provincial.
El 100.2 lo proponen las juntas de tratamiento de las cárceles -integradas por juristas, psicólogos, educadores sociales, médicos y maestros-, que lo remiten directamente al juez de vigilancia penitenciaria, sin pasar por la consellería de Justicia, dirigida por la republicana Ester Capella.
