La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el posible impacto que la manifestación del 8-M en Madrid pudo tener en la propagación del Covid-19, ha enviado un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad indicando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones solicitadas, y al mismo tiempo advirtiendo que incumplir este deber puede generar responsabilidades penales
El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de ayer lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo en fecha con la decisión adoptada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar "por pérdida de confianza" al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos.
La juez Carmen Rodríguez Medel, que desarrolla diligencias para que la Guardia Civil investigue la actuación de las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno en esas fechas de inicio del brote de coronavirus, ha citado al mismo tiempo a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, no teniendo en consideración las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
En el oficio remitido al 'número dos' de Interior, y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación, que arrancó el pasado 25 de marzo, "dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".
La magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber "debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar", entre las que se contemplan las responsabilidades penales.
En caso de producirse estas últimas, según la juez, "podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado", según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.
Tras conocerse el cese del coronel Pérez de los Cobos por parte del ministro Fernando Grande Marlaska han sido muchas las voces dentro del ámbito político que han denunciado la injerencia del ministro en las actuaciones del Poder Judicial, violando el libre funcionamiento de las Instituciones del Estado.
