lunes 24/1/22

Anticorrupción ha iniciado una nueva investigación sobre gatos sospechosos de varias tarjetas de crédito de los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, además de otros familiares como algunos de sus nietos. Estas tarjetas no tienen como titular de la cuenta a ninguno de los miembros de la familia real. En la investigación no están implicados ni los actuales reyes de España ni la princesa de Asturias y su hermana.

Estos movimientos y  gastos datan entre 2016 y 2018, tras la abdicación de Juan Carlos I, lo que supone que su protección constitucional por cualquier delito ya estaba finalizada y se le podría acusar, tanto a Juan Carlos como a Sofía, de irregularidades por movimiento de capital.

Además de investigar los gastos de las tarjetas, la Fiscalía está investigando el origen y titularidad de los fondos que de momento se conoce que proceden del extranjero. La justicia de España ha solicitado ayuda a diferentes países para conocer la procedencia de los fondos. A la espera de respuesta, Anticorrupción ha encontrado inicios de presunto delito fiscal por no declarar incrementos de renta de 120.000 euros. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que si esta investigación continua, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Según informa elDiario.es, la investigación también ha permitido identificar ya a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.

Los cargos de la tarjeta de la reina Sofía muestran viajes a Londres, donde reside de manera habitual desde hace años. Además, cuenta con una asignación anual de dinero público, en el que este año recibirá 111.854 euros del presupuesto de la Casa Real. Juan Carlos I, por su parte, cobró 161.034 euros de esa partida en 2019. Este año solo ha recibido una cuarta parte de esa cantidad; Felipe VI retiró la asignación a su padre en marzo, al trascender el escándalo de su fortuna oculta en paraísos fiscales.

Los 65 millones saudíes no serán juzgados

Los indicios delictivos sobre estas tarjetas son posteriores y no están relacionados con la investigación judicial que salió de Anticorrupción el pasado junio en dirección a la Fiscalía del Tribunal Supremo: esos 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen.

El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.

El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del rey emérito. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La nueva investigación de Anticorrupción que hoy desvela elDiario.es, sobre estas tarjetas opacas, tiene por tanto una especial trascendencia. Se trata de un presunto delito cometido después de la abdicación. Por lo que, a diferencia de los millones saudíes, esta suerte de tarjetas opacas sí podría suponer la imputación del rey emérito.

Investigan a los reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia por el uso de tarjetas opacas
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