Hoy ha tenido lugar, frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, una concentración a la que han asistido representantes de AUGC de todas las provincias, incluida la delegación cordobesa con su secretario provincial, Juan Ostos, a la cabeza.
El motivo principal para llevar a cabo dicha protesta ha sido la decisión unilateral del generalato, con el beneplácito de la Directora General, María Gámez, de imponer a los guardias civiles una nueva norma reguladora de la productividad que supone una involución y un claro perjuicio a quienes componen las escalas más bajas y más numerosas del Cuerpo, en beneficio de la cúpula minoritaria y elitista.
AUGC reclama que una materia tan relevante como la Productividad no se regule en una simple orden general, sino mediante un Real Decreto junto a la jornada laboral y las vacaciones, para que se garanticen a los guardias civiles unas condiciones laborales y económicas iguales a las del resto de cuerpos policiales. Actualmente, un guardia civil realiza un promedio de 150 horas de servicio más al año que un policía nacional, y percibe menos retribuciones.
Si se aprueba esta norma hecha por los generales, los guardias civiles perderán 600 euros al año, y dejará de retribuirse la consideración de “trabajador nocturno”. AUGC demanda que la productividad sea para quienes realizan servicios operativos y soportan las peores condiciones laborales, trabajando en nocturnos y festivos.
Esta medida, que se pretende adoptar ninguneando a los legítimos representantes de los guardias civiles, viene a sumarse al abusivo reparto que los generales han hecho del tercer tramo del proceso de equiparación salarial, incrementando las cantidades para los empleos más altos y aumentando sus nóminas a costa del agravio a las bases.
El generalato pretende aprobar esta norma en el mes de diciembre, para lo cual está ignorando las objeciones de las asociaciones profesionales en el Consejo de la Guardia Civil, por lo que a AUGC no le ha quedado más remedio que convocar esta protesta pública ante la Dirección General.
Este ninguneo de las altas esferas de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior a los representantes del colectivo se debe sin duda a que los guardias civiles son los únicos funcionarios policiales de España que carecen del derecho de sindicación. El resto de cuerpos policiales tienen reconocido ese derecho desde hace décadas, mientras que los guardias civiles siguen siendo tratados como profesionales de la seguridad pública de segunda categoría en cuanto a derechos, a pesar de cumplir eficazmente con sus obligaciones.