Pese a las constantes declaraciones del Ejecutivo sobre la importancia de garantizar el acceso a la vivienda, y las recientes protestas ciudadanas que claman por soluciones urgentes, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene previsto impulsar ninguna medida legislativa nueva en materia de vivienda durante 2025, más allá de la aprobación del próximo Plan Estatal 2026-2029. Así lo refleja el Plan Anual Normativo aprobado por el Consejo de Ministros esta semana, que establece la hoja de ruta legal para el próximo año.
Este enfoque limitado contrasta con el peso que el problema tiene para la ciudadanía: el último barómetro del CIS señala que el 28,8% de los encuestados considera la vivienda una de las principales preocupaciones del país. Una inquietud que se ha trasladado a las calles en forma de manifestaciones masivas celebradas en distintas ciudades, la última hace tan solo unas semanas.
Aunque el presidente del Gobierno prometió a comienzos de año convertir esta legislatura en “la legislatura de la vivienda” y la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha respaldado públicamente las protestas y ha insistido en que las viviendas “deben servir para vivir y no para especular”, las expectativas generadas en torno a este asunto se han desinflado con la publicación del plan legislativo para 2025.
En él, el único compromiso es la consolidación del próximo plan estatal de vivienda, que ya comenzó a diseñarse en 2024 y que tiene como objetivo aumentar el parque público hasta el 9% del total de viviendas. No se prevén nuevas normativas ni modificaciones relevantes de la actual legislación. De hecho, el decreto que se plantea simplemente pretende dar continuidad a los programas de ayuda ya existentes y “repensar la política de vivienda”.
Este tipo de planes multianuales no incorporan, en realidad, grandes novedades. En el actual programa vigente hasta 2025, la medida con mayor presupuesto ha sido el Programa de Ayuda al Alquiler, que concede ayudas de hasta el 50% de la renta mensual a personas con bajos ingresos. Según datos oficiales, entre 2022 y 2024 se destinaron 1.717 millones de euros a políticas de vivienda, con una aportación mayoritaria del Estado, que cubrió 1.440 millones.
La falta de nuevas medidas ha reavivado la tensión dentro del propio Ejecutivo, especialmente con sus socios de coalición. Desde hace meses, formaciones como Sumar vienen reclamando cambios profundos en la legislación para frenar la especulación inmobiliaria y regular de forma efectiva el mercado del alquiler. Una de sus principales propuestas fue condicionar la financiación pública a las comunidades que apliquen topes de precios en zonas tensionadas, algo que no ha tenido respaldo por parte del PSOE.
Tampoco ha sido bien recibida por los socialistas la idea de convertir en indefinidos los contratos de alquiler o la propuesta de restringir la compra de viviendas en zonas tensionadas exclusivamente para primera residencia o alquiler asequible. Podemos ha ido más allá, sugiriendo que solo personas físicas puedan adquirir viviendas en determinadas zonas, con limitaciones para alquilarlas o dejarlas vacías durante varios años.
La desconexión entre las promesas lanzadas desde Moncloa y la ejecución efectiva se hace evidente al comprobar que ni siquiera las doce medidas anunciadas por Pedro Sánchez en enero, durante un acto donde declaró la vivienda como el “quinto pilar del Estado del bienestar”, han sido incluidas en la agenda legislativa. Entre ellas figuraban iniciativas como una exención del 100% en el IRPF para propietarios que alquilen a precio tasado, o la equiparación fiscal de los pisos turísticos con otras actividades económicas.
A la espera de avances por la vía legislativa, lo único que sigue sobre la mesa —y no gracias al Gobierno— es una proposición de ley presentada por partidos a la izquierda del PSOE, basada en un texto del Sindicato de Inquilinos. Esta propuesta busca regular los alquileres por habitaciones y de temporada. Aunque fue admitida a trámite en el Congreso con el apoyo del PSOE, el texto no aparece en el plan normativo, al tratarse de una iniciativa del Legislativo. Desde su entrada en el Parlamento, en diciembre, no ha habido avances.
En resumen, y a pesar del clima de urgencia que transmiten tanto los datos como la calle, el Gobierno parece haber optado por el inmovilismo en materia de vivienda, dejando en suspenso las expectativas generadas al inicio de legislatura.
