Uno de los nuevos brotes de la covid-19 detectados en España en los últimos días ha sido el detectado en la provincia catalana de Lleida, concretamente en la comarca del Segrià, que ha obligado, no exento de polémica, a confinar alrededor de 150.000 personas de la misma.
Ante esta eventualidad, el ejecutivo español ha descartado por el momento decretar el Estado de Alarma parcial en este territorio, argumentando que las Comunidades Autónomas tienen los suficientes instrumentos para poder contener estos nuevos focos de contagio de coronavirus. Asimismo, ratifican que tras la finalización del mismo, la gestión sanitaria corresponde también a las autonomías.
Esta es la respuesta del gobierno a tras la invalidación decretada la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, a petición de la Fiscalía, del intento de la Generalitat de imponer un confinamiento domiciliario en ocho localidades de la zona para contener este nuevo brote. Esta situación ha generado incertidumbre entre los vecinos de la zona sobre si estaban obligados o no a mantenerse en sus domicilios confinados.
El gobierno catalán liderado por Quim Torra ha asegurado que no va a solicitar al gobierno que decrete de nuevo el Estado de Alarma. Asimismo ha criticado la decisión adoptada por la jueza pero no ha aclarado si se recurrirá la decisión judicial, aunque ha señalado que los servicios jurídicos no descartan ninguna actuación.
El gobierno se encuentra vigilando de cerca los nuevos focos de contagio notificados mostrando su predisposición a colaborar con las autoridades autonómicas si fuese necesario, mensaje ratificado por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante una entrevista concedida a RNE.
