El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico que amplía la "protección a las personas, que encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca" y se encuentra en "riesgo de desahucio hipotecario", por el que se establece una moratoria de cuatro años de duración.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha explicado que se amplía el ámbito de aplicación, por lo que "hasta 2024, ninguna familia vulnerable será expulsada de su casa por el impago de la hipoteca".
De hecho, mientras que en ocasiones anteriores, la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, con el Real Decreto se amplía a cuatro.
Este real decreto aumenta los hogares que podrán acogerse a esta medida, ampliando los supuestos considerados de vulnerabilidad. Además de los titulares de la hipoteca en paro o familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluirán las familias monoparentales con un solo hijo como beneficiarios de la suspensión de los desahucios.
Se establece también que el nivel de ingresos familiares máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos.
Con esta nueva norma, que de no haberse ampliado la protección, se habrían visto afectadas unas 29.000 familias, "se prevé la suspensión del alzamiento con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o un tercero" y se amplía la protección a los más vulnerables con independencia también de dónde se adjudique el bien.
"El Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan, y el compromiso es el de atender una realidad social que vino agudizada con motivo de la crisis, pero que todavía no alcanza a muchas de las personas que continúan en esta situación de especial vulnerabilidad y que necesitamos proteger", ha argumentado la ministra portavoz.
También Montero ha resaltado que estas medidas complementan a las tomadas ya en 2019 con respecto al mercado del alquiler y que introdujeron mejoras en los desahucios de vivienda por contratos de arrendamientos.
"En todo caso, también quiero comunicar que es preciso continuar abordando los problemas de acceso a la vivienda y protección de ciudadanos", ha apuntado, tras afirmar que la intención del Gobierno es la de continuar tomando medidas para proteger a los más vulnerables en el caso del alquiler, medidas que se van a adoptar en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
