El Gobierno aprobó el estado de alarma, con una vigencia inicial de 15 días que vencen el 9 de noviembre. Illa informará de su contenido, pero el Congreso no se tiene que pronunciar sobre el texto que estará vigente durante los diez días siguientes. Se aplicará a partir del 9 de noviembre y los grupos defenderán enmiendas con las propuestas que quieren que se pongan en marcha, una vez que entre en vigor la prórroga. Estas propuestas de resolución se votarán presencialmente cuando finalice el debate sobre la alarma y la prórroga se someterá a votación al final del Pleno, ya por la tarde.
El Gobierno tiene asegurados los votos para sacar adelante la prórroga de seis meses (hasta el 9 de mayo), ya que solo requiere para ello mayoría simple. De momento, han avanzado su apoyo 171 diputados. Además de PSOE y Unidas Podemos, lo apoyarán Más País-Equo, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria y los cuatro diputados del PDeCAT, que por primera vez podrían votar distinto de sus compañeros de Junts.
Vox ha afirmado desde el principio que votará en contra, mientras que el PP, podría optar por la abstención. Ciudadanos siempre ha defendido la aplicación de esta medida y apoyó todos los anteriores, pero cree que Sánchez debería estar sometido a un mayor del Congreso y no descarta pasarse a la abstención.
Esa propuesta de resolución obliga a Pedro Sánchez a rendir cuentas cada dos meses del estado de alarma y establece que tras cuatro meses de prórroga (9 de marzo), la Conferencia de Presidentes, pueda decidir, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales, si lo levanta o lo mantiene hasta el 9 de mayo.
Esas comparecencias de Sánchez sucederán a la vez que las que protagonice mensualmente Illa ante la Comisión de Sanidad para detallar los datos y gestiones correspondientes a su departamento.
También está previsto que salga adelante la enmienda del PSOE para que enclaves como el Condado de Triviño, que está territorio alavés pero pertenece a Burgos, tenga que aplicar las restricciones que se aprueben para Álava.
La oposición ha llegado a plantear otras dos alternativas para obligar a Sánchez a pronunciarse periódicamente sobre la aplicación del estado de alarma.
