El Gobierno se comprometió hace unos días con Ciudadanos a establecer un marco de actuación común en toda España para garantizar la salida ordenada del Estado de Alarma el próximo 21 de junio. Fuentes de la formación naranja alegaban que no se podía dejar en manos de cada comunidades la gestión exclusiva de una epidemia que no entiende de fronteras. Esa misma preocupación se la habían transmitido algunos presidentes autonómicos a Pedro Sánchez, temerosos ante la posibilidad de que alguno de sus colegas eliminaran prohibiciones, como por ejemplo la de celebrar grandes eventos o eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en aquellos lugares donde no se pueda respetar la distancia física establecida de dos metros.
Ayer, el presidente del Gobierno anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que establecerá las normas básicas que todas las comunidades tendrán que cumplir en relación a la epidemia del coronavirus. Un marco jurídico común que permita mantener la misma línea de lucha contra la Covid en todo el territorio.
Este decreto, en el que ya trabaja el Ministerio de Sanidad, incluirá numerosos campos, desde el transporte hasta el comercio. Y, por supuesto, el relativo a la sanidad.
En este punto, fuentes del Gobierno informaron que ese decreto establecerá la obligación de mantener las medidas de prevención actuales, es decir, se tendrá que mantener las distancias interpersonales de dos metros en todos los espacios públicos, incluida la hostelería y los comercios, así como en los colegios y en el trabajo durante todo el periodo llamado “nueva normalidad” y que durará hasta que haya tratamiento o una vacuna contra el coronavirus. En este punto, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en las mismas condiciones actuales (en el transporte público, siempre, y en los espacios abiertos y cerrados cuando no se pueda garantizar esa distancia entre las personas) y la obligación de los comercios de disponer de desinfectantes en la entrada de los mismos.
El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó ayer que están trabajando en ese marco legal y que, en lo que se refiere al ámbito sanitario, el objetivo es que las comunidades mantengan la capacidad asistencial actual para poder actuar no sólo si hay un rebrote si no de cara a una segunda ola de la epidemia en otoño.
También se exigirá a las comunidades que mantengan las previsiones de compra de productos sanitarios y de equipos de protección individual, así como los sistemas de información y su comunicación al Ministerio de Sanidad para controlar el devenir de la epidemia.
“Se trata, en definitiva, de aunar en una sola norma las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz que nos permita recuperar nuestros hábitos anteriores con total seguridad y, por tanto, evitar el riesgo de un rebrote de la pandemia”, señaló Sánchez.
El real decreto será debatido antes de su aprobación en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participa el Ministerio y las comunidades. Tras la expiración del Estado de Alarma. el Gobierno quiere que sea este órgano el que tome las decisiones sobre la lucha contra la pandemia. Las decisiones que se han adoptado históricamente en este foro, sin embargo, no han destacado precisamente por el compromiso y la unidad.
El Gobierno ha encontrado en ese real decreto (que deberá ser convalidado antes de 30 días por el Congreso de los Diputados), la manera de gestionar la epidemia de manera uniforme en el territorio español, una vez que decaído el Estado de Alarma desaparece el mando único ejercido por el Ministerio de Sanidad y las comunidades son las responsables únicas de su territorio. Pero ya antes, en la fase 3 (la mayoría de las comunidades pasarán a ella el lunes) los presidentes autonómicos gestionarán directamente la epidemia aunque siguiendo las directrices establecidas por los expertos en esa fase.
Madrid, Barcelona, Lleida y gran parte de Castilla y León pasarán a la fase 2 y seguirán en ella hasta el 21 de junio. A partir de esa fecha, los presidentes de las comunidades podrán pedir su pase a la llamada nueva normalidad cuando lo consideren, sin que sea necesario que transcurran los catorce días que se aplicaban para superar las anteriores fases.
