SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, ha valorado en 157.000 millones de euros las necesidades de inversión prioritarias en infraestructuras para los próximos diez años, que, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por Naciones Unidas comprometidos por España, servirán como palanca de reactivación de la economía, tras la actual crisis sanitaria.
Esta cifra se ha rectificado ya que se han añadido 23.600 M€ más, con relación a la cifra presentada en marzo, para resolver las carencias en hospitales y ampliar la capacidad del sistema de salud español. Este incremento se desglosa en un incremento de la inversión en 21.400 millones destinados a 56.303 camas hospitalarias en España para incrementar la capacidad asistencial del 14,6% al 21,7%, dato que se corresponde con la media de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE.
Sin embargo, las inversiones no únicamente se deberían destinar a este apartado, ya que se deberían emplear millones para conseguir energía asequible y no contaminante en el sector residencial y terciario, centrado en mejorar la eficiencia energética en el sector residencial y terciario a través de la inversión en infraestructuras para reducir el consumo de energía primaria. Se deben priorizar 22.431 M€ en edificios existentes del sector residencial, 3.671 M€ en edificación del sector terciario y 6.333 M€ en grandes instalaciones de climatización.
Los beneficios de estas inversiones durante el periodo 2021/2030, radicarían en 144.870 M€ de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 M€.
SEOPAN recuerda que el actual nivel de inversión pública se encuentra en niveles de mínimo histórico. Asimismo, frente al incremento del déficit público que va a provocar la crisis protagonizada por el Covid-19, la asociación resalta que es imprescindible recuperar el modelo concesional en la contratación pública, que no impacta en el déficit ni en la deuda pública y no altera la titularidad pública de la infraestructura.
