jueves. 28.03.2024

El Gobierno progresista de coalición ha vuelto a recibir esta semana en la Cámara Baja un nuevo e importante espaldarazo a su política, con la aprobación el jueves de la senda de estabilidad presupuestaria, la deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y el techo de gasto para 2020.

En el debate previo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado confiada en que “este primer paso para la construcción del Presupuesto nos permita, en un plazo de tiempo breve, contar con unas cuentas públicas en línea con nuestros compromisos fiscales”, que sean “aire de esperanza para todos los ciudadanos que necesitan verse reflejados en sus derechos, aspiraciones y expectativas”.

Montero ha apelado al “sentido de la responsabilidad” de los parlamentarios, porque “con esta senda de estabilidad este país se juega mucho”. “Nos la jugamos todos los ciudadanos –dijo- porque, podrán discrepar de este Gobierno, pero si hoy rechazan la nueva senda, los pensionistas, los desempleados, las personas más vulnerables, serán las que, en definitiva, sufran las consecuencias”.

“Si hoy rechazan esta nueva senda, estarán a favor de los objetivos actualmente vigentes, que se aprobaron con el Gobierno de Rajoy, que no son nada realistas y que suponen menos recursos para las administraciones locales y las comunidades autónomas”. Concretamente para las CCAA supondría que el objetivo de déficit de este año no será del 0,2% como propone el Gobierno, sino del 0%. De hecho, “si hoy rechazan esta senda, la Seguridad Social tendría que reducir su capacidad de gasto en casi 7.500 millones y las CCAA en otros 3.500 millones”, añadió.

“Estarían diciendo no al incremento de las pensiones no contributivas o pensiones mínimas, que benefician a más de 460.000 personas. Estarían diciendo no al incremento de la base reguladora de las pensiones, no a la ampliación de la duración de la prestación por paternidad de 5 a 8 semanas, no a la revalorización de la Prestación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años o a la prestación económica a los hijos/as de las fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer”.

Por el contrario, “si dan su apoyo a la senda de estabilidad no piensen que están dando su voto al Gobierno”. Estarán “cumpliendo con la responsabilidad de la apuesta por el bienestar y el progreso de todos los españoles”.

Por ello, emplazó a todos a aprobar “esta mejoría del gasto público”, al tiempo que denunció el que los grupos de la derecha, con su voto contrario, prefieran “quedarse con la senda poco realista del señor Rajoy, que impide una mayor capacidad de gasto a Comunidades Autónomas, Seguridad Social y Entidades Locales”; poniendo de manifiesto que “siguen instalados en el bloqueo” y “en la incapacidad de asumir el resultado de la democracia, de las elecciones, y de que este Gobierno pueda impulsar su propia política”. “Ojalá recapacitaran y empezaran a trabajar tal y como los ciudadanos esperan”, concluyó.

Durante su intervención, Montero destacó la reducción de la deuda pública en 2,1 puntos; “la mayor reducción anual en una década y 4 décimas por debajo del objetivo marcado por Bruselas”. Eso significa que “este Gobierno ha hecho en un año lo que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo en tres. Para que luego sus señorías del Grupo Parlamentario Popular quieran dar lecciones de eficacia en la gestión”, apuntó.

Respecto a la regla de gasto, la ministra de Hacienda recordó la petición de flexibilización hecha por distintos grupos políticos e instituciones como la FEMP, y anunció que desde el Gobierno “vamos a recoger esta petición”. “Entendemos y sabemos que la contribución tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales al equilibrio de las cuentas del Estado, está fuera de toda duda y nuestra intención es hacer una nueva regla de gasto con una metodología que permita un mayor margen a entidades locales y a comunidades autónomas”.

También volvió a referirse a la previsión de crecimiento para nuestro país del 1,6% en 2020 -por encima de la media europea-, y al incremento del gasto del 3,8% respecto al presupuesto base de 2019, que es “acorde con el cumplimiento de la senda de estabilidad y de las reglas fiscales y, al mismo tiempo, con el compromiso que hemos asumido de recuperación de los derechos de los ciudadanos y de avance en las políticas sociales”.

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