El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha acordado otorgar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a Borja, el joven malagueño condenado a dos años de cárcel y 180.000 euros de indemnización por un delito de homicidio por imprudencia grave tras la muerte del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle.
El juez considera que procede otorgar dicho beneficio por un plazo de cuatro años, plazo que ha de entenderse como "adecuado, tanto porque la pena a suspender se encuentra justo en el límite máximo que lo posibilitaría, por encima del cual ya no procedería la suspensión por la específica vía por la que va a ser concedida, como por la necesidad de que puede facilitarse y se garantice el abono de la responsabilidad civil".
El beneficio de la suspensión se concede con la condición de que no vuelva a delinquir, que comunique cualquier cambio de domicilio y que proceda a "satisfacer la responsabilidad civil en la forma y plazos que finalmente se determine por este Juzgado". En caso de que incumpla sus obligaciones, la suspensión sería revocada.
En el auto, de igual modo, se señala la ausencia de peligrosidad criminal que queda confirmada en el hecho de que, desde la comisión de los citados hechos delictivos "no consta" que el joven haya cometido infracción penal alguna, motivo por el cual "no se aprecia en el mismo una peligrosidad post-delictual, por lo que cabe esperar un buen resultado de la suspensión a conceder".
Asimismo, se recuerda también, en alusión a los condicionantes para la suspensión, que contaba con la exigencia de ser delincuente primario, "pues carecía de antecedentes penales, no contando en la actualidad nada más que con el antecedente penal derivado de la presente condena"; así como que la pena impuesta no es superior a los dos años.
