viernes. 29.03.2024

Redacción. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó este jueves dictar prisión comunicada y sin fianza para los siete integrantes de los Comités para la Defensa de la República (CDR) que el lunes fueron detenidos en la provincia de Barcelona, a los que se acusa de pretender implantar “la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas”, según informa Servimedia.

Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado, en consonancia con la petición de la Fiscalía y la investigación de la Guardia Civil, acusa a los arrestados de los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

De las diligencias practicadas hasta el momento, el magistrado considera que existen indicios de que los siete arrestados forman parte de ERT, una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas.

García Castellón entiende que en el presente caso concurren los requisitos para acordar la prisión, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva.

El titular del juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia mantiene la causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada en esta operación judicial. En los autos de prisión, el juez individualiza las acciones concretas que atribuye a cada uno de los investigados, así como su función dentro de la organización.

El instructor tomó esta decisión después de que la Fiscalía pidiera este jueves para los investigados la prisión provisional “por su presunta participación en los delitos de tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos y de integración en grupo u organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”.

La Fiscalía explicó que “la gravedad de las penas que tales delitos conllevan, el riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas han determinado la solicitud de la medida cautelar solicitada”.

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