La propuesta de ley, que regresa con la firma de todo el Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento, será defendida, de forma conjunta, por los representantes del Partido Socialista, Bildu y el Grupo Plural. Pretende conceder a las víctimas el acceso a documentación que les resulte de interés, bien sea de la Administración o de archivos privados, tales como libros de registros de ingresos, partos y prohijamientos o boletines estadísticos municipales.
Las sanciones se regularán, según fija la propuesta, con la asistencia del Ministerio Fiscal, asesorando en acciones judiciales. En el caso de que se precisen exhumaciones éstas “serán sufragadas por el Ministerio de Justicia”. Por su parte, las pruebas de ADN tendrán un carácter gratuito. Cuestión anexa es la creación de un banco único de material genético gratuito, con “toda la información relevante” en relación a los casos de bebés robados. En el mismo se conservaran restos óseos.
El texto ampara la creación de una base de datos estatal, elaborada por las asociaciones de víctimas. En ella quedarán recogidos los datos de los afectados. Los mismos podrán beneficiarse de asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como así como a conocer su verdadera identidad y ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. Entre las medidas se recogen servicios de mediación profesionales para facilitar posibles encuentros.
El Gobierno queda autorizado, en un plazo de seis meses y por decreto, a determinar el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de los reconocidos como víctimas de la trama infantil.
