viernes. 29.03.2024

El Congreso ha dado un 'sí' casi rotundo -a excepción de Vox- al ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno para combatir la "pobreza estructural" en el país. Un ingreso del que se beneficiarán unas 850.000 familias en situación de vulnerabilidad y que oscilará entre 461 y 1.015 euros para poder salir de la exclusión. El Gobierno ha calificado la aprobación de esta medida como "el mayor avance en derechos sociales en el país desde la aprobación de la Ley de Dependencia” en 2006, aunque la mayoría de partidos ha pedido tramitar la norma como proyecto de ley para introducir enmiendas.

La medida ha salido adelante con 297 votos a favor y 52 abstenciones de los diputados de Vox. El PP, que ha mantenido la incógnita hasta el último día, finalmente ha votado a favor, aunque ha pedido ligar la ayuda a la creación de empleo.

Ingreso mínimo vital: qué es, cómo se solicita y quién puede cobrarlo

Han sido el vicepresidente social del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quienes han defendido el decreto en el Congreso. Iglesias, que ha asegurado que para su partido es un "día especial", ha calificado el ingreso como una medida “de pura justicia social” y como una forma de “tomarse en serio la Constitución”.

Ha puntualizado que la ONU ya demostró que en España existía pobreza generalizada y, además, que el IMV será un "ejemplo" para el esto de países. El vicepresidente considera que servirá para acabar con la "violencia estructural contra los niños". Según la Eurostat España es el segundo país con más pobreza infantil extrema en Europa. 

Para Iglesias, la medida, que es “un éxito de la sociedad civil organizada”, también es “imprescindible para la recuperación económica” ya que el dinero de las ayudas “no se va a ir a un paraíso fiscal”. Ha recibido como una “buena noticia” que el PP haya "rectificado" votando finalmente 'sí' y ha añadido que medidas como el ingreso mínimo vital “son la mejor vacuna frente al discurso de odio y el enfrentamiento”. Por último, ha concluido: “No hay libertad si no se llega a fin de mes”.

El Congreso da luz verde al ingreso mínimo vital con el apoyo rotundo de todos los grupos, salvo Vox

Escrivá: "España tiene un problema estructural de desigualdad y pobreza"

Escrivá, por su parte, ha defendido que la medida supone el “reconocimiento de que el país tiene un problema estructural de desigualdad y pobreza” que, “aunque se manifieste en épocas de crisis, no remite en época de bonanza” ya que “nuestros ingresos están mal distribuidos”.

Para Escrivá, esta “anomalía” es consecuencia, también, de “ausencia de decisiones políticas” y ha criticado, en referencia a pasadas gestiones de otros gobiernos, que “no podemos vincular toda la protección social al empleo” ya que muchos trabajos son “precarios” y la “pobreza laboral es un fenómeno cada vez más frecuente”. Por ello, ha defendido que la medida “debe entenderse simultáneamente como herramienta para la pobreza y para la inclusión social”.

En su turno de intervención, la mayoría de grupos, pese a mostrar su apoyo a la medida, han pedido tramitarla como proyecto de ley para recoger las enmiendas que plantean. La mayoría se ha quejado de que no se otorgue la competencia de su gestión a las comunidades autónoma y de que se pueden quedar fuera personas que necesiten el ingreso por trabas burocráticas.

El PP vota a favor pero pide ligar el IMV a la creación de empleo

La diputada del PP Pilar Marcos Domínguez ha confirmado el voto afirmativo de su partido, que apenas unas horas antes anunciaba el PP a TVE. Pese a ello, el Congreso ha vivido una nueva batalla de reproches entre el PP y PSOE y Unidas Podemos a través de sus intervenciones e incluso con interrupciones por parte de la bancada popular.

En su intervención, Domínguez ha criticado el “sermón benéfico” de Iglesias y ha defendido que las autonomías gobernadas por el Partido Popular “fueron las primeras” en poner en marcha rentas mínimas. También, que era intención del expresidente Mariano Rajoy impulsó un programa para coordinar el sistema de rentas mínimas autonómicas, para lo que encargó un informe al propio ministro Escrivá cuando era presidente de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (Airef). Así, ha asegurado que existen contradicciones entre la postura que defendía Escrivá entonces y la que defiende ahora porque el decreto “tiene muchos fallos”.

Entre otras cuestiones, ha defendido su voto a favor para que pueda ser tramitado como proyecto de ley y para que “no se desincentive el empleo ni se incentive la economía sumergida”. Considera así “clave” que el ingreso “esté ligado a la búsqueda activa de empleo”. Por otra parte, ha criticado que “el Gobierno se apropia de la competencia autonómica”, asumiendo “la duplicación de la prestación” del Estado y de las autonomías, y que “la gestión recae en los ayuntamientos sin ofrecerles los recursos necesarios”.

El PP pide también que la medida se centre en los afectados por la crisis económica del coronavirus y que se cree una “tarjeta social única para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas".

Vox se abstiene pese a tratarse de “una paga sin honor”

Y Vox, que lleva semanas mostrando su rechazo, finalmente se ha abstenido ya que, según su diputada María de la Cabeza Ruiz Solás, “no puede votar a favor” aunque tampoco iba a votar "en contra".

Para Vox, la medida “permite la destrucción del sector productivo” y lleva a los ciudadanos a “depender de un subsidio perpetuo” al tratarse de “una paga sin honor en lugar de un trabajo digno”. También considera que supone un “tremendo efecto llamada” a la inmigración ilegal y hará que se “prolongue la desigualdad entre los españoles”.

La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha defendido que todos los representantes públicos deberían apoyar la medida, aunque ha asegurado que “debe ser mejorada”. Así, ha pedido aparcar las “ideologías” y ha criticado a Vox por relacionar el ingreso con “un efecto llamada a la inmigración”, ya que las personas en situación irregular no pueden beneficiarse de la medida. Ha pedido, por tanto, “fomentar derechos y no estereotipos”. A su juicio, servirá para luchar contra la desigualdad, ya que la pobreza “tiene rostro de infancia y de mujer”.

EL portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que “la izquierda ha ganado una batalla cultural” y con ella “no una prestación ni ayuda, sino un derecho”. “El ingreso mínimo vital puede ser la ley del divorcio de nuestra generación”, ha añadido, que “dignifica a centenares de miles de personas y es una vacuna contra la precarización laboral y reactiva el consumo y la economía”. Sin embargo, “lo malo” de la ayuda es “tener que acreditar un año entero de bajos ingresos” y que será “complicado compaginarlo con las ayudas autonómicas” similares. También que se excluya a las personas en situación irregular porque “el principal requisito debería ser tener hambre”. Por último, ha asegurado que quienes llaman a la ayuda “paguita” faltan “al respeto a toda la clase trabajadora y humilde del país”.

Desde el PNV, Íñigo Barandiaran, ha considerado que la medida aprobada es la "política social más importante de los últimos años" y ha celebrado que en el pacto de su grupo con el Gobierno para que País Vasco y Navarra gestionen el ingreso, se cumplen las condiciones de "complementariedad" con las rentas que ya se dan en País Vasco y Navarra.

Para el diputado de EH-Bildu, el ingreso es el “primer paso para la consolidación de un derecho”, no el de “una ayuda, paguita o dádiva”, en referencia a críticas de otros partidos, y ha asegurado que “no debería hacer falta explicar que un estado democrático ha de atender con mayor énfasis a los más desvalidos”. Sin embargo, ha afirmado que “no sea una meta, sino un punto de partida”, ya que “servirá para contener la peor parte de la pobreza, pero nace como insuficiente para erradicarla”.

El resto de partidos minoritarios del Grupo Plural y del Grupo Mixto también ha coincidido en la necesidad de afrontar la pobreza en el país y aprobar el ingreso mínimo vital, aunque muchos han denunciado algunas carencias y han pedido incluir enmiendas.

El Congreso aprueba el Ingreso Mínimo Vital con un "sí" rotundo, salvo Vox