Finalmente, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra la normativa que aplicó el gobierno durante el estado de alarma que permitía modificar los criterios de renovación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
La reclamación que realiza AEA tiene su origen en la orden ministerial promulgada por el Ministerio de Sanidad el pasado 16 de mayo, que acorta los plazos de inspección, situación que no tiene ninguna justificación relacionada con la seguridad vial, lo que podría provocar que millones de conductores tuviesen que pagar dos veces por la realización de un servicio innecesario.
Esta orden señalaba que tras la revisión no se establecería como fecha de la revisión del vehículo la del día de realización, sino la fecha límite que correspondía pasar la inspección durante el estado de alarma, provocando que con la nueva normativa un camión o una furgoneta tendrían que pasar y pagar dos veces la misma inspección en el mismo día.
Las consecuencias económicas afectarían, según ha cifrado AEA, a cinco millones de cinco millones de automovilistas y su valor económico asciende a los 200 millones de euros, que afectaría más a los vehículos profesionales. La legislación aprobada por el ejecutivo, por lo tanto, no responde a criterios ni medioambientales no de seguridad en la carretera, sino a razones puramente económicas.
Cabe destacar que AEA no ha sido la única asociación que ha mostrado su descontento con esta normativa, ya que Fedetaxi también notificó que estas medidas excepcionales afectarían a 43.000 taxistas. A esta crítica también se sumó la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
