sábado 21/5/22

El propietario de un establecimiento de ocio nocturno situado en la localidad luguesa de Chantada (Lugo) se enfrenta a una petición de 10 años de prisión por presuntamente haber violado a una mujer en el interior del local, en el que la encerró después de que la víctima regresase para recuperar el teléfono que había olvidado.

Los hechos se remontan a mediados del mes de octubre de 2017 y serán juzgados el próximo miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

La Fiscalía pide para el acusado un total de 10 años de cárcel y otros ocho de libertad vigilada por un delito de agresión sexual con acceso carnal e introducción de miembros corporales por vía vaginal. También reclama una indemnización de 15.000 euros y 18 años de prohibición de acercarse a la agredida.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la víctima entró en el local del procesado durante la madrugada del 17 de octubre de 2017. En el establecimiento saludó al supuesto agresor quien, además de dueño del negocio, ejercía como pinchadiscos.

En torno a las 07,00 horas de la madrugada, la denunciante se percató de que se había olvidado el teléfono móvil y regresó al local para recuperarlo. Allí estaba el procesado, que se encontraba sólo en el establecimiento. Este cerró la puerta del local y apagó las luces para atrapar a la mujer.

Fiscalía sostiene que el acusado se valió de su corpulencia y superioridad física para someter a la víctima, a la que redujo contra el suelo y forzó hasta agredirla sexualmente.

En torno a las 08,20 horas, la mujer trató de pedir auxilio a través de su teléfono móvil. El Ministerio Público señala que, en ese momento, el hombre abrió la puerta que permanecía cerrada con llave y dejó salir a la víctima, a la que pidió que no denunciase lo sucedido.

La mujer llamó a los servicios de emergencia y a la policía para denunciar en cuanto abandonó al local. Esa misma mañana, el hombre fue arrestado y compareció ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Chantada, que impuso una orden de alejamiento provisional como medida preventiva.

A consecuencia de la agresión, la víctima ha visto trastornada su salud mental y recibe tratamiento psicológico, según resalta el Ministerio Público en su escrito de acusación.

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