miércoles 18/5/22

El juez Pedraz abre una Investigación de contratos del Gobierno de Aznar por valor cercano a 600 millones de euros

Pedraz solicita a cinco ministerios y a otros organismos públicos como Renfe, Aena o Adif información acerca de 23 licitaciones sospechosas adjudicadas a la empresa Constructora Hispánica, propiedad del empresario Alfonso García Pozuelo, condenado por el caso Gürtel y acusado por Francisco Correa -cabecilla de la trama- de entregar cantidades de dinero en metálico al extesorero del PP Álvaro Lapuerta.
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha autorizado a la Policía la investigación de 23 contratos de obras adjudicadas entre 2002 y 2004, durante la etapa del Gobierno de José María Aznar, por valor de unos 570 millones de euros.

El magistrado acepta así la petición realizada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para requerir a distintos ministerios y organismos públicos información acerca de dichas adjudicaciones con uno de los donantes del PP.

Dicha investigación que cuenta, según especifica el escrito, con la conformidad tanto de la Fiscalía como de la Abogacia del Estado, que consideran que la "diligencia propuesta es adecuada y útil para la averigüación de los hechos".

Pedraz solicita a cinco ministerios y a otros organismos públicos como Renfe, Aena o Adif información acerca de 23 licitaciones sospechosas adjudicadas a la empresa Constructora Hispánica, propiedad del empresario Alfonso García Pozuelo, condenado por el caso Gürtel y acusado por Francisco Correa -cabecilla de la trama- de entregar cantidades de dinero en metálico al extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

Según señala el informe de la UDEF, García Pozuelo realizó nueve donaciones al PP entre 1998 y 2006 con un montante de más de 258.000 euros por importes entre los 12.020 y los 60.000 euros.

Así, Constructora Hispánica obtuvo entre 2002 y 2009 del conjunto de las Administraciones Públicas cuando eran gobernadas por el PP "adjudicaciones de obras, ya sea concurriendo en solitario o asociadas a otra entidad", asegura la UDEF, de modo que era posible establecer "una correlación entre las entregas -de donativos al PP- y las adjudicaciones de carácter subjetivo, objetivo y temporal".

El auto del juez Pedraz recuerda que en la causa que investiga la caja B del Partido Popular "se ha afirmado, indiciariamente" que los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta ,ya fallecido, junto a Francisco Correa, "definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos", a cambio de movilizar "influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".

La idea, según el juez, en el acuerdo con distintos empresarios para que realizaran entregas de fondos en efectivo en la sede del PP "en calidad de aparentes donaciones" a cambio de "contactos directos" con responsables políticos con "poder adjudicador de contratos públicos", consiguiendo "en ocasiones direccionar la adjudicación" de dichos contratos, revistiendo el proceso "de apariencia de legalidad" pero "vulnerando" los principios generales de la contratación de "publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".

Por ese motivo, el magistrado reclama el contenido íntegro de los expedientes de contratación de estas 23 adjudicaciones, incluyendo las ofertas presentadas por todos los licitadores, el informe técnico de valoración y la justificación de las puntuaciones otorgadas a cada una de ellas.

Entre las obras a investigar están varios tramos de autovía adjudicados por el Ministerio de Fomento; cuatro tramos del AVE adjudicados por Adif; la construcción por Aena de una plataforma en el aeropuerto de Madrid-Barajas; la nueva comisaría de Policía Local en Xirivella (Valencia); la segunda fase del nuevo acuartelamiento para la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama; o el Parador Nacional de Turismo de Lorca (Murcia).

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