La pandemia ha llenado de restricciones a las actividades veraniegas. Una decisión que complica el panorama de las playas, donde cientos de bañistas buscan evadirse. Los protocolos sanitarios se rigen por la seguridad, pero aun pueden alcanzar una mayor precisión. Como parte del proceso de adaptación a la nueva normalidad, nos encontramos con algunos flecos que la ley no contempla.
"Si no nos hubiéramos movilizado a lo mejor este verano nos habríamos quedado sin playa”, comenta con resignación Ángel Urraca. Es una de las personas que recurre n al servicio de baño asistido habilitado por el Ayuntamiento de Barcelona para personas con movilidad reducida. Para él, es más que darse un chapuzón: “¡Cuando entro al agua me siento libre!”. La temporada de baños está marcada por las restricciones de las autoridades sanitarias para frenar la Covid-19 y este servicio no ha sido una excepción. Sin embargo, personas con discapacidad se han manifestado hasta en dos ocasiones al no reabrirse los puntos para esta asistencia en la fecha de otros años, mientras que muchos barceloneses ya gozaban de los arenales de la ciudad.
Actualmente, hay dos zonas abiertas de las cuatro habituales, en el área de baños del Fòrum y en la Nova Icària, por lo que piden que se habiliten las dos restantes, la de la Barceloneta y la de Llevant. “No queremos perder los derechos que hemos conseguido y que han costado tantos años”, afirma Carme Riu, de la Comisión de Playas del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD).
Los afectados consideran que la normativa es muy restrictiva
También hay malestar porque para acceder al servicio han de firmar un documento con una normativa de uso que consideran “muy restrictiva” y reclaman que se revise. Entre los puntos que critican están el hecho de pedir cita previa online o que para garantizar el baño ha de haber bandera verde y “el mar totalmente plano”. “Es discriminatorio. Muchos días hay bandera amarilla, para el resto de bañistas es opcional el baño y nosotros no podemos. Incluso con bandera verde si lo consideran por las olas pueden negarnos el baño. Queremos poder acceder a la playa como cualquier otro barcelonés”, comenta Riu.
Además, la normativa señala que inicialmente el tiempo máximo de baño previsto es de 20 minutos, que se podrá ampliar si el aforo y la demanda lo permiten. “Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el servicio se presta con algunas limitaciones por motivos preventivos”, señalan fuentes municipales. Los usuarios dicen estar discriminados por las restricciones de las normas de uso y piden que se revise.
Por otro lado, el documento indica que es obligatorio que todos los usuarios asistan con un acompañante o asistente personal que garantice su autonomía, aunque el Ayuntamiento matiza a este medio que es “preferiblemente” debido a la situación sanitaria para evitar el riesgo de contagios, tanto para los usuarios como las trabajadores. Incluso algunas personas se han negado a firmar el papel para expresar su disconformidad, como Luis Sánchez, de 43 años. Él mostró su desacuerdo en la zona de baños del Fòrum, que se accede al agua a través de una silla hidráulica. “Me negué a firmar porque no estoy de acuerdo con algún punto. Me dijeron entonces que no podían ayudarme y no me dejaron usar la silla”, explica.
“Los técnicos de Eulen y Aunar Group tendrían que hacer también esta asistencia dentro del agua como otros años. Ahora nos llevan por la arena en la silla anfibia hasta la orilla del mar y luego los monitores del IMPD nos esperan dentro del agua. Se ha contratado personal extra por lo que se está pagando de más para un servicio ya adjudicado”, critica Riu. Preguntadas a las empresas, remiten al Ayuntamiento y señalan que la administración es quien marca las directrices de funcionamiento en cada momento.
Por su parte, fuentes municipales argumentan que para garantizar “un correcto funcionamiento de este año excepcional”, el IMPD realiza esta asistencia dentro del agua. La situación denunciada por los usuarios ha llevado a la oposición a pedir explicaciones. El grupo Junts per Catalunya ha presentado un ruego al gobierno municipal para que se convoque el consejo rector del IMPD de forma telemática antes de acabar julio.
