En absolutamente cualquier momento, así funcionarán los centros de atención a las mujeres victimas de violencia sexual que contarán con atención psicológica, jurídica y social, tanto para víctimas y familiares. El Ministerio de Igualdad destina 19,8 millones para que haya al menos un centro en cada provincia.
Se espera que las oficinas estén instaladas, como muy tarde, para 2023. La inversión se repartirá en función de diversos factores como el número de mujeres mayores de 16 años o la cantidad de víctimas de violencia sexual.
La creación de este tipo de centros está recogida en el convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia machista y la violencia doméstica, que fue aprobado en 2011 y ratificado por España en 2014.
Estos centros estarán dirigidos a víctimas de agresiones sexuales, mujeres sometidas a matrimonios forzosos y mutilaciones genitales, quienes hayan sufrido acoso sexual, exhibicionismo o provocación sexual, prostitución “ajena”, según recoge la documentación de Igualdad, así como proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género o feminicidio sexual.
Las oficinas contarán con profesionales tale como: psicólogas y psiquiatras, abogadas, profesionales de ciencias sociales con capacidades y formación especializada en intervención o contención en crisis o emergencia (trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas o de otras disciplinas) y mediadoras culturales o traductoras.
Se pretende que las contratadas sean mayoritariamente mujeres, como ya ocurre en servicios como el teléfono de atención a víctimas de violencia machista, esto se debe a que las víctimas prefieren ser atendidas por otras mujeres.
En su artículo 25, el convenio de Estambul insta a las naciones firmantes a tomar las medidas necesarias para crear centros “de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos”. España está lejos de tener ese “número suficiente”. Según un informe de Amnistía Internacional de noviembre, solo existen dos instalaciones oficiales en toda España: una impulsada por el Principado de Asturias y otra desde el Ayuntamiento de Madrid.
El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia de Género (Grevio, creado por mandato del convenio de Estambul) señaló en su primer informe de evaluación de España, publicado en 2020, que la red actual es “marginal” y “ni de lejos suficiente”.
Lo más importante era que estaba “desatendida una gran parte de España, y las zonas rurales en particular”. Instaba a las autoridades españolas “a que tomen medidas que establezcan un número suficiente de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual” y al desarrollo de “un protocolo que aborde de manera integral esta violencia, de forma que se ofrezca una respuesta integral a las necesidades de las víctimas”, algo en lo que ya se está trabajando.
Se señala que la denuncia no debe de ser un requisito: “El acceso de una víctima a los diferentes servicios de apoyo no debe depender de su voluntad de presentar una denuncia”. A penas se denuncian los delitos de violencia sexual. Un 13,7% de la población femenina a partir de 16 años, 2.802.914 mujeres residentes en España, han sufrido algún caso de violencia sexual a lo largo de su vida, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019. Solo el 8% denunciaron.
El Grevio no recomienda que a las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja y a las víctimas de violencia sexual se las atienda en los mismos servicios. Según diversas investigaciones los primeros “son priorizados debido a la naturaleza inmediata del momento de crisis”.
