viernes 22/10/21

El autor del crimen de Marta Calvo es acusado de 33 delitos a 10 mujeres

La Fiscalía y las acusaciones piden que el acusado sea procesado por asesinato, agresión sexual y omisión del deber de socorro

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El acusado del asesinato de Marta Calvo.

El autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo y sospechoso de la muerte de dos chicas además del ataque a otras siete, Jorge Ignacio P.J., ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia este martes debido a los 33 delitos que pudo cometer a otras 10 mujeres.

La Fiscalía y las acusaciones reclaman que este hombre sea procesado por asesinato, agresión sexual, omisión del deber de socorro y delito contra la integridad moral de las víctimas, y las acusaciones particulares han añadido el de delito contra la salud pública, por el supuesto uso de cocaína u otras sustancias de las pudo hacer uso el sospechoso.

Pilar Jové, abogada de la madre de Marta Calvo, ha resaltado que "hoy se han concretado las imputaciones definitivas por todas las mujeres, siete vivas y tres fallecidas", lo cual asciende en total a 33 delitos. Además, ha preguntado al acusado la ubicación del cuerpo de la joven, según el testimonio de los letrados, Jorge Ignacio P.J. respondió que ya se lo había contado a la Guardia Civil, en referencia a los contenedores de basura donde supuestamente dejó el cadáver descuartizado.

Además, el detenido niega haber causado la muerte a las mujeres y asegura que eran ellas las que le vendían las drogas. El autor confeso, que se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) el 4 de diciembre de 2019, y está en prisión preventiva desde entonces, está siendo investigado por la muerte de Marta Calvo y otras dos mujeres, Arlene y Lady Marcela, ambas en Valencia, además de otros cinco asesinatos en grado de tentativa.

También, ha sido denunciado por otras jóvenes debido a mantener relaciones sexuales con cocaína, la cual pudo ser la responsable de provocar una intoxicación fatal en las chicas. Además, según las acusaciones, es posible que la haya utilizado junto a alguna otra droga para adormecerlas. Por tanto, se sospecha que el uso de dichas sustancias, tanto de la cocaína por vía anal o vaginal como la droga desconocida que pudo haber introducido en las bebidas de las víctimas, probablemente les hicieron perder la consciencia a estas.

Juan Carlos Navarro, el letrado que representa a dos de las víctimas mortales y a otras cinco que sobrevivieron, en una carta remitida al juez instructor, expone que "existe un patrón en el modus operandi del investigado" que se basa en una "triple secuencia alevosa". "Siempre contrata a mujeres que se prestan a consumir una sustancia estupefaciente y practicar sexo. Con este objetivo, genera en ellas una situación de confianza. No las elige para practicar sexo, sino que su propósito es acceder a su vagina o recto e introducirles cocaína que por cantidad y pureza, resulta letal".

Asimismo, afirma que el detenido introducía alguna sustancia en bebidas que después ofrecía a las víctimas dejándolas en un estado que les impedía oponer resistencia. Según relata Navarro, "Una vez la mujer ya ha consumido cocaína esnifada y esa sustancia de 'atontamiento', el acusado inicia el uso del arma homicida, que es la introducción de cocaína de gran pureza en cantidad letal en las partes íntimas de las mujeres. Se trata de cocaína en roca, bolas o rocas del tamaño de un garbanzo".

No obstante, algunas mujeres lograron reaccionar y expulsar de su cuerpo las sustancias, aunque en otros llegó a provocar la muerte. Por ello, las acusaciones solicitan que se añada la agravante de género, ya que los hechos han sido cometidos contra mujeres por el mero hecho de serlo, además del trato degradante que refleja en un delito contra la integridad moral, puesto que utiliza a las mujeres como instrumento, a las cuales contrata con la excusa de mantener relaciones sexuales y en realidad, busca someterlas a sus actos de perversión.

Finalmente, las acusaciones particulares han solicitado al juez que pida a los expertos en anestesiología de la Facultad de Medicina o del Instituto de Medicina Legal que comuniquen algo sobre la sospecha de la presencia de algún tipo de sustancia tóxica o relajante en los análisis practicados a las víctimas del acusado.

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