Sanidad ha detallado los criterios necesarios para que las comunidades autónomas propongan un cambio de fase en alguna de sus provincias o islas durante la desescalada: su capacidad para garantizar que en cinco días puedan tener entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y, por otro, lado disponer en un plazo también de cinco días de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por 10.000 habitantes.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha anunciado que estas condiciones aparecen recogidas en una orden ministerial de cogobernanza -publicada este domingo en el BOE- que establece la interacción entre CC.AA y Ministerio de Sanidad durante la desescalada. Illa ha defendido este procedimiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los presidentes autonómicos durante la octava conferencia telemática desde que se inició la crisis.
"Cogobernanza no es una expresión retórica, es el espíritu fiel de lo que ha hecho el Gobierno y de lo quiere hacer", ha dicho Illa al mismo tiempo que defendía los resultados del estado de alarma. Aunque la orden publicada en el BOE indica que Gobierno y CC.AA. analizarán en reuniones bilaterales técnicas y políticas las propuestas tendrá que ser el Ministerio quien la adopte conforme a lo que dicta el real decreto del estado de alarma.
Las propuestas deberán trasladarse con una semana de antelación, aunque esta primera semana "extraordinaria" lo podrán hacer el miércoles 6 de mayo. Si alguna comunidad o ciudad autónoma no remitiese ninguna propuesta, Sanidad "podrá presentar a la comunidad o ciudad autónoma una iniciativa".
Además de las dos ampliaciones potenciales de camas de hospital citadas (entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por 10.000 habitantes) el otro requisito indispensable para que el Gobierno tome en consideración las propuestas autonómicas será que estas "sigan dando cumplimiento efectivo, puntual" de la información sobre la epidemia establecida en la orden del pasado 15 de marzo.
Asimismo, cada propuesta tiene que contener un análisis un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población.
Dicho análisis debe realizarse respecto a las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario en cinco marcadores: sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica; identificación y contención rápida de fuentes de contagio; capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas y potenciales; atención primaria; y asistencia hospitalaria.
Y, por último, las propuestas también tienen que poder garantizar las medidas necesarias de protección colectiva para reducir el riesgo de transmisión.
Aunque en principio las unidades territoriales sobre las que se realizan propuestas son provincias o islas (o ciudades autónomas en el caso de Ceuta y Melilla), las autonomías pueden proponer "ámbitos de aplicación diferenciados", para lo cual deben detallar las razones que aconsejan un tratamiento "diferenciado del resto de la provincia", así como "las garantías de movilidad y aislamiento que se aplicarían en ese territorio" y hacer constar las consultas realizadas a las entidades locales.
