La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha pedido este martes que se restituya en su puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos hasta que finalice la instrucción de la causa sobre la manifestación del 8M o hasta que la jueza tome una decisión sobre ella.
"No queremos pensar que en el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de 'pérdida de confianza', porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal", subraya en un comunicado esta asociación.
Exige al Ministerio del Interior que explique los motivos de la pérdida de confianza en el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid o que, "al menos, "asuma públicamente que son ajenos a la instrucción penal en curso".
Fuentes cercanas al Instituto Armado han apuntado a que el cese pudo estar relacionado con un informe elaborado por la policía judicial de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M por encargo de una jueza de Madrid, y del que Pérez de los Cobos no informó a Interior.
La APM recuerda que los agentes de la policía judicial sólo deben responder ante el juez instructor", lo que incluye mantener "la reserva sobre las investigaciones encomendadas" salvo que el juez autorice lo contrario.
"Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, puede suponer una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido", advierte esta asociación.
Según apunta, la profesionalidad y "absoluta lealtad" de la policía judicial permite a los jueces investigar delitos y enjuiciar a presuntos delincuentes, "desde miembros de la realeza hasta ex ministros, presidentes de comunidades autónomas o banqueros".
"Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial", alerta.
