La Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta contra la asociación Infancia Libre a instancias de la Policía ante la ausencia de "datos objetivos" que pudieran llevar a asegurar que funcionaba como una organización ilícita al no poder establecer una conexión "directa" con la asociación de muchas de las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos.
En un comunicado, el Ministerio Público argumenta que en la mayoría de los supuestos las denuncias se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre, en agosto de 2015, o cuando ésta ya había dejado de tener actividad, después de mayo de 2017.
La investigación policial comenzó con la detención el 1 de abril de 2019 de la presidenta de la asociación, María Sevilla, por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, durante seis meses.
Tras ese arresto, la Policía detuvo a Patricia G.A. por presuntamente mantener secuestrada a a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada; a Ana María B.V. por incumplir el régimen de visitas fijado para su expareja; y llevó ante un juzgado de Granada a la vicepresidenta de Infancia Libre, Rocío de la Osa, por no haber comparecido ante el juez repetidamente.
La Fiscalía únicamente da por acreditada la comisión de un delito de sustracción de menores por la acusación formulada por la Fiscalía contra María Sevilla y un delito de desobediencia por la acusación contra Ana María B.V., explica la Fiscalía, que destaca que "en ambos casos por hechos cometidos cuando la asociación ya había dejado de tener actividad”.
Por tanto, señala que el hecho de que un miembro de una asociación cometa un delito "no conduce necesariamente a considerar que ese fin concreto era el exclusivamente buscado por la asociación a la que pertenecía", ya que la jurisprudencia exige que la finalidad delictiva "ha de ser querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros".
La investigación se centraba en comprobar la existencia de un entramado del que formarían parte las madres denunciantes, tres profesionales médicos, todos ellos ejerciendo sus funciones dentro del Servicio Público de Salud, dos en Granada y otro en Madrid, y dos abogados que habrían dado cobertura legal a estas actuaciones.
El MInisterio Fiscal subraya que "no queda acreditado" que existiera el supuesto entramado, que según la denuncia, estaría dirigido a dar cobertura a un grupo de mujeres que deseaban obtener la custodia exclusiva de sus hijos e impedir el contacto de los mismos con sus padres, mediante la interposición de denuncias falsas de posibles malos tratos y/o abusos sexuales
Es más, según apunta el fiscal, hace hincapié en que "en todos los casos referenciados no consta dato alguno de que se haya incoado procedimiento judicial, de oficio o por denuncia de particular, por un posible delito de denuncia falsa".
El decreto de archivo subraya que los dos primeros requisitos exigidos por la jurisprudencia para la existencia de una asociación ilícita son "una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad y la existencia de una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista, esto es, que la unión esté presidida por ideas de estructura jerárquica y disciplina".
Así las cosas la Fiscalía entiende que no ha quedado acreditado, "más allá de meras hipótesis", que formen parte de la asociación Infancia Libre todas las personas relacionadas en el informe policial.
