El Consejo de Ministros se dispone este martes a dar luz verde al anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que inmediatamente después comenzará su tramitación. El texto ha sido remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica, y revisa la actual normativa de residuos y suelos contaminados para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias del Paquete de Economía Circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso.
La futura ley tiene como objetivo impulsar una economía circular y baja en carbono en España. Tras esta primera aprobación por parte del Consejo de Ministros, el anteproyecto iniciará inmediatamente el trámite de información pública, así como los restantes procesos de consulta y participación.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana, reduciendo la generación de residuos y su impacto en el medio ambiente. Dentro de este primer gran objetivo se engloba un segundo, más específico, que es el de reducir el uso de determinados productos de plástico para mitigar su huella contaminante, en particular en el medio acuático.
Junto al anteproyecto, el Gobierno también aprobará la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), España Circular 2030, y un real decreto que mejora la trazabilidad y el control de los traslados de residuos, tres elementos clave del Marco de Economía Circular que el Gobierno quiere usar como palanca para la recuperación económica tras la crisis sanitaria originada por el Covid-19.
Así, el anteproyecto traslada los objetivos contemplados tanto en la directiva de residuos de 2018 como en la de plásticos de un solo uso. En relación a estos últimos, por primera vez la legislación española recoge limitaciones a los plásticos de un solo uso, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos.
Reducción de vasos y recipientes para alimentos
Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, así como los recipientes para alimentos, tales como cajas, incluidos los utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su consumo inmediato.
Para estos productos se ha de conseguir en 2026 una reducción del 50% en su comercialización; y en 2030, esa reducción debe ser del 70%, siempre con respecto a 2022. Para cumplir con estos objetivos, todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.
En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2023 queda prohibida su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
Fuera del mercado: bastoncillos, pajitas, platos, cubiertos...
Según el texto del anteproyecto, a partir del 3 de julio de 2021 quedaría prohibida la introducción en el mercado de los siguientes productos: bastoncillos de algodón, excepto si entran en el ámbito de los productos sanitarios; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos; pajitas y agitadores de bebidas; así como los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
Asimismo se prohíbe cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable y el uso de cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente.
Además, el anteproyecto recoge requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones que permanezcan unidos al recipiente o botellas PET con un 25-30% de plástico reciclado) y obligación de marcado para una serie de productos, así como medidas de concienciación para informar a los consumidores con el fin de reducir el abandono de basura dispersa.
En relación a las botellas de plástico se regulan objetivos de recogida separada en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90% en 2029.
Contra el desperdicio alimentario
Para luchar contra el desperdicio alimentario, el texto incluye medidas que tienen como objetivo reducir los residuos alimentarios, dirigiéndose específicamente a las industrias alimentarias, las empresas de distribución y de restauración. Asimismo, se insta a las administraciones competentes a tomar medidas para frenar la generación de basura dispersa en el medio marino como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, consistente en prevenir y reducir considerablemente la contaminación marina de todo tipo.
Para alargar la vida útil de los productos y combatir la llamada obsolescencia programada, la propuesta recoge que habrá que fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables; y la reutilización de los productos y la implantación de sistemas que promuevan actividades de reparación y reutilización y en particular para los aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción.
Agua gratis en bares y restaurantes
Con el objetivo de reducir el consumo de envases, las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias, entre otras, mediante el fomento de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua en envases reutilizables.
Asimismo, en los establecimientos de hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a su oferta.
Al margen de lo anterior, en el ámbito de la prevención quedará prohibida a partir de 2021 la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros.
En cuanto al resto de residuos, el texto marca los objetivos y medidas para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclado fijándose un calendario de implantación para nuevas recogidas separadas: biorresiduos, cuyo calendario se adelanta al 31 de diciembre de 2021 para los municipios de más de 5.000 habitantes y a 31 de diciembre de 2023 para el resto; y textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, antes del 31 de diciembre de 2024.
Al mismo tiempo fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: en 2025, el 55% respecto de los residuos municipales generados; en 2030, el 60%, y en 2035, el 65%. Y regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura, y en el caso del depósito en vertedero, tras haber sido sometidos los residuos a un tratamiento previo.
Impulso a la economía circular
Otro de los puntos más destacados del anteproyecto es la gestión adecuada los residuos, y también la utilización de esos residuos como recursos para generar otros productos, favoreciendo así el paso de una economía lineal (producir-consumir-tirar) a una circular donde se apuesta por un sistema respetuoso con el medio ambiente y basado en la reutilización y el reciclaje. Este modelo permite extender la vida útil de los productos y dotarlos de una segunda vida.
