Un total de 750 militares están ya listos para salir a recorrer toda España tomando muestras en miles de hogares para el macroestudio que prepara el Ministerio de Sanidad sobre la propagación del coronavirus. La operación, planeada por el Mando de Operaciones, se llama Zendal, en homenaje a la enfermera que acompañó al doctor Balmis en la expedición que llevó la vacuna de la viruela a todas las colonias de Imperio español a principios del siglo XIX. Fuentes de Defensa matizan, sin embargo, que la intervención del Ejército solo se producirá si finalmente la reclama Sanidad, que también baraja otros escenarios para realizar el estudio.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado 7 de abril la realización de un macroestudio epidemiológico sobre una muestra de 60.000 personas a las que se hará la prueba de la covid-19. Estará a cargo de la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, y resulta clave “para conocer el grado de expansión del virus en la sociedad española”, en palabras del ministro.
El estudio de seroprevalencia de la covid-19 debía haberse puesto en marcha esta misma semana y desarrollarse hasta principios de mayo, en dos oleadas sucesivas; primero realizando test rápidos, que detectan la presencia de anticuerpos del coronavirus, y luego la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), para quienes den negativo. Ello permitirá conocer no solo qué parte de la población está infectada, sino también inmunizada.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha encargado de seleccionar una muestra aleatoria de unos 32.000 hogares distribuidos por las 50 provincias españolas, además de Ceuta y Melilla, atendiendo a criterios tanto de extensión territorial como de densidad de población.
El problema radica en reclutar al personal adecuado para recopilar las muestras, que debe tener un mínimo de formación sanitaria, para asegurarse de que se toman de forma correcta, y adoptar medidas de protección, para evitar el contagio. Ante la imposibilidad de detraerlo de los hospitales, cuyas plantillas están al límite, se ha pensado en las Fuerzas Armadas.
El plan es formar equipos móviles de dos militares cada uno que recorrerán toda España tomando las muestras en los domicilios elegidos. Sanidad se encargará de llamar previamente a los hogares anunciando la llegada de los militares y cada equipo seguirá un itinerario programado, de forma que la recogida de muestras pueda completarse en pocos días.
Bajo la supervisión del Cuerpo Militar de Sanidad, los seleccionados, con formación sanitaria, han recibido ya charlas sobre la forma de tomar las muestras. El trabajo de campo podría iniciarse la próxima semana, en cuanto el Ministerio de Sanidad, al que las Fuerzas Armadas se limitan a prestar apoyo, así lo reclame.
La previsión es que los soldados no vayan de uniforme y tampoco utilicen vehículos militares, sino coches alquilados por Sanidad. Fuentes de Defensa niegan trascendencia a este hecho y subrayan que los encargados de tomar las muestras irán dotados de EPI (Equipos de Protección Individual), para evitar contagios, por lo que no se apreciará lo que lleven debajo.
No obstante, el hecho de que no vayan de uniforme ni en vehículo militar ha causado malestar en mandos militares, que lo atribuyen a un intento de ocultar la presencia de las Fuerzas Armadas en esta operación, para no molestar al presidente catalán, Quim Torra. “Es inaceptable que se les obligue a hacer tal servicio [la toma de muestras para realizar test de la covid-19] sin vestir el uniforme, para esconder su condición militar”, ha escrito en su cuenta de Twitter el teniente general retirado Pedro Pitarch.
La visibilidad de la Operación Balmis, que coordina las actuaciones de las Fuerzas Armadas contra la pandemia, ha sido objetivo de polémica. La Generalitat rechazó la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Cataluña hasta que la dramática situación de las residencias de mayores la obligó a reclamar su intervención para que las desinfectara y aun así la instalación de hospitales de campaña o albergues por parte del Ejército se ha tropezado con el recelo o las trabas de políticos independentistas.
Tampoco la coordinación entre los Ministerios de Interior y Defensa ha sido lo buena que debería. La presencia de patrullas militares disuasorias el mismo 15 de marzo, coincidiendo con la aprobación del estado de alarma, provocó malestar en Interior y las desavenencias impidieron poner en marcha las patrullas mixtas de militares y agentes de la Policía y la Guardia Civil para controlar las medidas de confinamiento. Interior evitó, finalmente, pedir apoyo a las Fuerzas Armadas para el reparto masivo de mascarillas tras la Semana Santa, por lo que no se distribuyeron en muchos puntos, como la mayoría de estaciones de metro.
